La ONU Alza la Voz Contra la Violación de Derechos Humanos
Ginebra, Suiza – 10 de septiembre de 2024.
Un grupo de 45 países miembros de las Naciones Unidas exigió este martes, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos, que el Gobierno de Venezuela ponga fin a la creciente ola de represión contra opositores políticos y manifestantes en todo el país. La declaración, leída por la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, pide la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente y el respeto al debido proceso en el país sudamericano.
Entre los Estados firmantes de la declaración se encuentran naciones de América Latina, como Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, además de países europeos como España, Italia, Francia, Portugal y Alemania. También apoyan la medida Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón y el Reino Unido. La declaración conjunta es una de las acciones más firmes hasta ahora para hacer frente a lo que varios países consideran una «crisis estructural de derechos humanos» en Venezuela.
Detenciones Arbitrarias y Represión Generalizada
En su intervención ante el Consejo, Diana Mondino expresó la profunda preocupación de los países firmantes por el deterioro de los derechos humanos en Venezuela, especialmente en el contexto de las elecciones celebradas en julio. «En las semanas posteriores a las elecciones del 28 de julio, la situación ha empeorado significativamente, con la detención arbitraria de figuras de la oposición, periodistas y manifestantes, incluidos niños, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad», denunció la canciller argentina.
El documento leído por Mondino también menciona el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano y los llamados «colectivos», grupos civiles armados que operan con impunidad. Estos grupos han sido acusados de perpetrar abusos, intimidaciones y agresiones contra manifestantes pacíficos. La declaración subraya que el Estado venezolano utiliza leyes como la legislación antiterrorista o la incitación al odio como excusa para detener y reprimir a personas que ejercen su derecho a la protesta pacífica.
Persecución Judicial Contra Edmundo González
Uno de los casos más mencionados en la declaración es el del candidato presidencial Edmundo González, quien se vio obligado a exiliarse en España tras ser objeto de persecución judicial en Venezuela. González, reconocido opositor del presidente Nicolás Maduro, fue acusado de incitación al odio, lo que desencadenó su salida del país. Mondino afirmó que este tipo de persecuciones son parte de una estrategia del Gobierno para desmantelar la oposición política en medio de un ambiente cada vez más represivo.
«La represión no solo afecta a políticos, sino también a ciudadanos comunes que buscan ejercer su derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica», señaló Mondino en su discurso ante el Consejo. «Este es un patrón sistemático que no podemos ignorar».
Expulsión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU
Uno de los puntos más polémicos de la declaración fue la condena a la decisión del Gobierno venezolano de suspender la cooperación con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, lo que resultó en la expulsión de sus trabajadores del país en febrero de este año. «Es imperativo que Venezuela reanude su cooperación con la ONU en materia de derechos humanos y permita el regreso de los trabajadores internacionales», añadió Mondino.
Los firmantes también solicitaron que se permita el acceso a Venezuela de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, que tiene la tarea de investigar las violaciones de derechos humanos en el país. Se espera que esta misión presente su próximo informe ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo 19 de septiembre, en lo que será una evaluación crucial sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela.
La Respuesta Internacional
El llamado de estos 45 países ha sido recibido con apoyo por parte de diversas organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han celebrado la declaración conjunta, destacando la necesidad urgente de que la comunidad internacional ejerza presión para detener las violaciones en Venezuela.
Desde el gobierno de Venezuela, sin embargo, se ha rechazado la acusación de represión y se ha defendido la política de seguridad del Estado. El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, acusó a los países firmantes de injerencia en los asuntos internos de Venezuela y calificó la declaración como «un acto de agresión política». «Venezuela no aceptará imposiciones ni amenazas de ningún bloque de países que buscan desestabilizar nuestro sistema democrático», declaró Arreaza en un comunicado oficial.
Un Llamado Urgente al Diálogo
Los países firmantes también instaron al gobierno venezolano a reanudar el diálogo con la oposición y las organizaciones civiles para garantizar que los derechos humanos sean protegidos. «Es vital que el Gobierno de Venezuela entienda que la represión no puede ser la solución a la crisis política y social que enfrenta», concluyó Mondino.
El próximo informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos será un punto clave para determinar las próximas acciones de la comunidad internacional con respecto a Venezuela. Los países que apoyan la declaración aseguran que continuarán monitoreando la situación y buscando soluciones a través del marco de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
