Washington D.C. / Tegucigalpa – 30 de julio de 2025 — La congresista republicana de Estados Unidos, María Elvira Salazar, expresó una dura crítica contra el gobierno de Honduras, al acusarlo de emplear a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) como mecanismo de intimidación política contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), en un contexto preelectoral cada vez más tenso.
A través de una publicación en la red social X (antes Twitter), Salazar manifestó su preocupación por lo que calificó como una “situación grave” en la nación centroamericana. En su declaración, apuntó directamente al expresidente y actual asesor presidencial, Manuel Zelaya Rosales, a quien acusó de estar liderando un proyecto político con tintes autoritarios.
“El gobierno liderado por el comunista Manuel Zelaya está utilizando al ATIC para intimidar al Consejo Nacional Electoral y manipular el proceso democrático”, escribió la legisladora estadounidense, quien representa al estado de Florida y es una de las voces más críticas del socialismo en América Latina.
Denuncias de manipulación electoral
Salazar no se limitó a denunciar la supuesta instrumentalización de la justicia hondureña, sino que advirtió que estas acciones representan un ataque directo contra la voluntad popular de cara a las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre. Afirmó que Zelaya, por su historial ideológico y sus afinidades con figuras como Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, estaría promoviendo una agenda para socavar la democracia.
“Le hago un llamado a la administración Trump a enviar una fuerte advertencia a los amantes de los dictadores que hoy lideran Honduras”, expresó Salazar, instando a que se tomen medidas diplomáticas más enérgicas.
La congresista cerró su declaración con una advertencia contundente: “No podemos permitir que otro país caiga en manos del socialismo autoritario”.
Reacciones y clima preelectoral
Estas acciones legales y los señalamientos desde Washington han encendido las alarmas entre sectores nacionales e internacionales que siguen de cerca la evolución del proceso electoral hondureño. Organismos de derechos humanos y observadores políticos han comenzado a cuestionar si se están creando condiciones de presión institucional contra los árbitros electorales.
La controversia llega en un momento decisivo, cuando el país se encamina hacia unos comicios que prometen ser los más polarizados. La comunidad internacional, en especial Estados Unidos, tendrá un rol clave en garantizar que se respeten los principios democráticos en un clima de creciente tensión política y judicial.
