31 de agosto de 2025 – 12:25 PM
Las denuncias contra el Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, se intensificaron este domingo tras revelarse la muerte de dos opositores que se encontraban bajo custodia estatal. Organismos de derechos humanos calificaron la situación como un “exterminio silencioso” contra críticos del régimen, lo que ha desatado una oleada de preocupación a nivel nacional e internacional.
En un comunicado conjunto, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica y el Monitoreo Azul y Blanco señalaron que el país ha cruzado un “umbral intolerable” al entregar sin vida a dos detenidos que habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares.
Dos muertes que encienden las alarmas
Las organizaciones confirmaron que los fallecidos son Carlos Cárdenas Zepeda, abogado y exasesor jurídico de la Conferencia Episcopal durante el diálogo nacional de 2018, y el opositor Mauricio Alonso.
Cárdenas Zepeda había sido detenido hace poco más de quince días en circunstancias que la oposición atribuye a órdenes directas del Gobierno de Ortega y Murillo. Por su parte, Alonso permaneció más de un mes encarcelado antes de que su cuerpo fuera entregado a sus familiares esta semana.
“Ambos casos confirman lo que venimos denunciando: las cárceles del régimen Ortega-Murillo se han convertido en antesalas de la muerte”, expresaron las organizaciones.
Desapariciones forzadas como método de represión
Los defensores de derechos humanos subrayaron que las muertes de Cárdenas y Alonso no son hechos aislados, sino parte de una política más amplia de persecución y desaparición forzada. Indicaron que actualmente existen al menos 33 disidentes desaparecidos, entre ellos 11 mujeres.
“La desaparición forzada constituye una de las formas más crueles de represión, porque las familias enfrentan la angustia de no saber dónde están sus seres queridos y, al mismo tiempo, sufren hostigamiento institucional cuando buscan información”, remarcaron en el comunicado.
Exigencia de justicia y medidas internacionales
Los organismos insistieron en que “cada día de encierro arbitrario es un riesgo de muerte” para los presos políticos, y exigieron su liberación inmediata. Además, solicitaron la conformación de una investigación internacional independiente que esclarezca las muertes recientes y evalúe las condiciones en los centros penitenciarios.
Desde la oposición, agrupada en la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), se denunció que “la dictadura sandinista ha convertido el aparato estatal en una maquinaria de muerte sistemática”.
“Nicaragua vive bajo una dictadura criminal que utiliza la desaparición forzada y el asesinato como política de Estado. Las cárceles funcionan como centros de exterminio de ciudadanos cuyo único delito es pensar distinto”, acusaron en su pronunciamiento.
A esos opositores también se les despojó de su nacionalidad y derechos políticos, bajo acusaciones de “golpistas” y “traición a la patria”.
Las recientes muertes de opositores bajo custodia y las denuncias de desapariciones forzadas refuerzan, según las organizaciones defensoras de derechos humanos, la tesis de que en Nicaragua se vive bajo un modelo de represión sistemática que pone en riesgo la vida de toda persona que cuestione al régimen.
