Tegucigalpa, Honduras – 16 de febrero de 2026
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, instó al Congreso Nacional a activar el mecanismo de juicio político cuando existan denuncias graves contra altos funcionarios del Estado, al subrayar que el Poder Legislativo no desempeña un rol “decorativo”, sino una función esencial en la defensa del orden constitucional y el Estado de derecho.
En su columna de opinión titulada “Disculpen mi Castellano”, Castellanos sostuvo que el juicio político es una herramienta contemplada en la Constitución de la República para salvaguardar la institucionalidad democrática, y no un instrumento de persecución o revancha partidaria. A su criterio, su naturaleza jurídica responde a la necesidad de garantizar la responsabilidad funcional de quienes ejercen cargos de alta investidura.
“La finalidad del juicio político es clara: la destitución del cargo cuando se comprueba responsabilidad funcional”, enfatizó la titular del CNA, al explicar que este mecanismo procede ante actuaciones contrarias a la norma suprema, al interés nacional o frente a casos de negligencia, incapacidad o incompetencia en el ejercicio del cargo.
Fundamento constitucional y deber legislativo
Castellanos recordó que corresponde exclusivamente al Congreso Nacional activar el procedimiento conforme a lo establecido en la Ley Especial que regula la materia. En ese sentido, señaló que cuando se presentan denuncias documentadas y de carácter grave, el Legislativo tiene la obligación de analizarlas con rigor y sin evasivas.
La directora del CNA subrayó que el juicio político no debe interpretarse como una sanción automática, sino como un proceso que debe desarrollarse con objetividad, garantías procesales y estricto apego a la ley. No obstante, advirtió que omitir su activación cuando existen causas justificadas también constituye una decisión política con consecuencias institucionales.
“El Congreso no está para guardar silencio ante posibles vulneraciones a la Constitución. Su deber es examinar y, de ser procedente, actuar”, planteó en su escrito.
Crisis electoral y responsabilidad compartida
En su análisis, Castellanos hizo referencia a la crisis electoral registrada en noviembre de 2025, un proceso que estuvo marcado por retrasos en el escrutinio, cuestionamientos administrativos y controversias judiciales que elevaron la tensión política y social en el país.
Según expuso, estos hechos generaron una profunda preocupación ciudadana respecto a la fortaleza de las garantías democráticas y la transparencia institucional. En ese contexto, consideró que tanto la legislatura anterior como la actual tienen responsabilidad institucional, ya sea por decisiones adoptadas o por omisiones que contribuyeron al conflicto político y al bloqueo electoral.
Para la titular del CNA, la nueva conformación del Congreso está llamada a corregir el rumbo y asumir con firmeza su papel contralor, evitando que la estabilidad política se convierta en pretexto para eludir decisiones complejas.
“La prudencia o la estabilidad no pueden ser excusas para evitar el examen institucional cuando existen denuncias graves”, expresó Castellanos, al recalcar que la democracia se fortalece cuando las instituciones cumplen su mandato sin temor ni cálculos partidarios.
Gobernabilidad basada en rendición de cuentas
Castellanos también reflexionó sobre el concepto de gobernabilidad, al advertir que esta no puede construirse sobre la postergación indefinida de responsabilidades. A su juicio, la estabilidad auténtica se sostiene en la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto irrestricto al marco constitucional.
Desde la perspectiva del CNA, la aplicación del juicio político, cuando proceda, constituye un acto de fortalecimiento institucional y no un factor de desestabilización. Por el contrario, dejar de utilizar los mecanismos previstos por la Constitución podría erosionar la confianza ciudadana en el sistema democrático.
La funcionaria concluyó que el país atraviesa un momento determinante para reafirmar el compromiso con el Estado de derecho. En ese escenario, insistió en que el Congreso Nacional debe asumir su responsabilidad histórica y actuar conforme a la ley, garantizando procesos objetivos, transparentes y ajustados a derecho.
Con este pronunciamiento, el Consejo Nacional Anticorrupción reaviva el debate sobre el uso del juicio político como herramienta de control democrático en Honduras, en un contexto marcado por tensiones políticas y exigencias crecientes de la ciudadanía por mayor transparencia y responsabilidad en la gestión pública.
