miércoles, mayo 13, 2026

Hijos de exsecretaria Nerza Paz gastaron casi L1.4 millones en viajes y alimentación con fondos públicos

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Hijos de exsecretaria Nerza Paz gastaron casi L1.4 millones en viajes y alimentación con fondos públicos

Tegucigalpa, Honduras — Un nuevo señalamiento sobre el uso de recursos estatales vuelve a colocar bajo escrutinio a la exsecretaria de Salud, Nerza Paz, luego de que trascendiera que sus hijos habrían realizado gastos cercanos a 1.4 millones de lempiras en concepto de viajes y consumo de alimentos, mientras uno de ellos ejercía funciones como asesor legal sin cumplir con los requisitos establecidos por ley.

De acuerdo con la información revelada, Néstor Rodríguez Paz, uno de los hijos de la exfuncionaria, recibió pagos por servicios profesionales mientras firmaba documentos como asesor legal en la Dirección General de la Marina Mercante, pese a no contar con número de colegiación activo en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), requisito indispensable para ejercer la profesión en el país.

Gastos bajo la lupa

Los registros señalan que los gastos, que rondan los L1.4 millones, corresponden principalmente a boletos aéreos, hospedajes y consumo en restaurantes, en viajes realizados tanto dentro como fuera del país. La documentación financiera evidencia que estos desembolsos fueron cubiertos con fondos públicos asignados a dependencias estatales.

El caso ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y la ética en el manejo de recursos, así como sobre posibles conflictos de interés, debido al vínculo familiar con Nerza Paz, quien fungió como titular de la Secretaría de Salud en una etapa anterior de la administración pública.

Analistas consideran que, de comprobarse irregularidades, podrían derivarse responsabilidades administrativas e incluso penales, especialmente si se determina que existió contratación irregular o pagos indebidos por servicios profesionales sin acreditación válida.

Firma sin colegiación

Uno de los puntos más delicados del caso es que Néstor Rodríguez Paz habría suscrito documentos oficiales como asesor legal sin estar debidamente inscrito o habilitado ante el Colegio de Abogados de Honduras. En Honduras, la colegiación es obligatoria para el ejercicio de la abogacía, y la omisión de este requisito podría constituir una falta administrativa o un delito, dependiendo de las circunstancias.

Fuentes jurídicas señalan que cualquier actuación profesional realizada sin colegiación vigente podría ser impugnada, y los documentos firmados bajo esas condiciones podrían enfrentar cuestionamientos legales.

Posibles implicaciones legales

Expertos en derecho administrativo consultados indican que el caso podría encuadrar en posibles delitos relacionados con abuso de autoridad, fraude o malversación de caudales públicos, si se demuestra que existió un uso indebido de recursos estatales o nombramientos irregulares.

Además, se plantea la necesidad de que entes contralores y el Ministerio Público investiguen la ruta del dinero, la justificación de los viajes y la legalidad de los contratos suscritos.

Reacciones y exigencias de transparencia

Sectores de sociedad civil han comenzado a exigir una investigación exhaustiva para esclarecer si los gastos respondían a actividades oficiales debidamente justificadas o si se trató de un uso discrecional de fondos públicos.

“En un contexto donde el país enfrenta limitaciones presupuestarias en áreas sensibles como salud y educación, es indispensable garantizar la transparencia en el manejo de cada lempira”, expresó un representante de un organismo de veeduría ciudadana.

Hasta el momento, ni Nerza Paz ni Néstor Rodríguez Paz han brindado una postura pública detallada sobre los señalamientos. Se espera que en las próximas horas puedan emitir un pronunciamiento aclarando el origen de los fondos y la legalidad de las actuaciones señaladas.

El caso reabre el debate sobre los controles internos en las instituciones del Estado y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización para evitar que vínculos familiares o influencias políticas deriven en posibles irregularidades en la administración pública.

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