La ley en cuestión ha sido denominada por muchos como un “pacto de impunidad”, pues incluye a los funcionarios que desempeñaron funciones durante el gobierno de Manuel Zelaya, quien recibió un golpe de Estado en 2009.
Temor
Algunos sectores consideran que con ella se pretende beneficiar a funcionarios que cometieron delitos comunes, pero que se podrían amparar en que sus señalamientos o condenas obedecían a una persecución política, como lo advierte el abogado Rafael Canales: “Si viene la Cicih (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras) los que estuvieron en ese período -2006 a 2009- no podrían ser investigados.
