Hay presos políticos en Cuba , Venezuela, Nicaragua y Bolivia, son seres humanos privados arbitrariamente de su libertad porque sus ideas suponen un desafío o amenaza al régimen, acusados falsamente por delitos que no han cometido, sometidos a tortura e indefensión en sistemas judiciales usados por la dictadura para producir miedo en la población. Es la flagrante violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que se usan internacionalmente para intercambio por criminales del sistema dictatorial de narcoestados.

Con la denominación de “socialismo del siglo 21″ se presenta como grupo político de izquierda la expansión de la dictadura de Cuba que en este siglo ha convertido en dictaduras a Venezuela, Nicaragua y Bolivia y que tiene a su servicio gobiernos para dictatoriales en Argentina con Fernández/Kirchner, México con López Obrador, Colombia con Petro, Brasil con Lula da Silva e intermitentemente Chile con Boric.

En este contexto, los regímenes de Venezuela, Bolivia y Nicaragua implementan el mismo sistema de represión por medio del “terrorismo de estado” que consiste en “la utilización de medios ilegítimos desde el gobierno orientados a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar su objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos”. El terrorismo es una cadena de delitos de acción continuada y periódica que violan los derechos humanos, desde las falsificación material e ideológica, acusación y denuncia falsa, prevaricación, manipulación de pruebas, detenciones ilegales, tortura, extorsión, difamación y más, en una asociación delictiva dirigida por el régimen.

Se trata de la judicialización de la persecución y la represión política que se funda en disposiciones penales y leyes infames (violatorias de derechos humanos pero aprobadas por el sistema dictatorial), operadas por fiscales y jueces que en lugar de juzgar son verdugos encargados de prevaricar y violar los derechos fundamentales, que convierten el proceso judicial en un “linchamiento” en el que se conoce de antemano el resultado que consiste en largos procesos de detención sin avance procesal o en sentencias rápidas con condenas atroces.

Todos los presos políticos -sin excepción- en el sistema del socialismo del siglo 21 o castrochavismo, son objeto de violación de sus derechos humanos a la igualdad, la dignidad, la libertad y la seguridad de la persona, a no ser torturado, a su personalidad jurídica, igualdad ante la ley, a recursos legales efectivos, a no ser arbitrariamente preso ni desterrado, a tribunal independiente e imparcial, a la presunción de inocencia, a debido proceso legal, a la protección de su familia, a circular libremente, a la propiedad privada, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad de reunión, al trabajo…. Son convertidos seres sin derechos, cuya culpabilidad se presume y cuya tortura comienza el momento de su detención.

Todos estos hechos criminales están publica y plenamente probados, son además crímenes de lesa humanidad establecidos por el Articulo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que dispone: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá́ por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque..1..e)  Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura”.

Los criminales que tienen presos políticos sometidos a tortura detentan el poder en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia( a cuyo régimen aún le otorgan denominación de democracia) y están apoyados y encubiertos por los gobernantes actuales de Argentina, México, Brasil, Colombia y Chile. Los lideres y votantes de países con democracia deben recordarlo, porque es tiempo de que gobernantes como Fernández/Kirchner, López Obrador, Lula da Silva, Petro y Boric, rindan cuentas a su votantes y a sus leyes por su participación en la existencia de presos políticos en las Américas.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy