La crisis nacional que experimenta Honduras es grave y compleja, y se evidencia en la preocupante situación en seguridad, salud, alimentación (incluyendo precios canasta básica), educación, trabajo y, en general, en servicios públicos como los de agua y energía eléctrica, y los males públicos de donde provienen, tales como: subdesarrollo, pobreza, corrupción desprotección del consumidor y usuario, violencia, crimen organizado e impunidad, entre otros aspectos que afectan a toda la población y, con mayor intensidad, a los (as) compatriotas que se encuentran en situación de pobreza, quienes constituyen la mayoría de nuestro pueblo o sociedad.

Ello ocurre aun cuando los sucesivos Gobiernos están imperativamente obligados a aplicar sistemáticamente los lineamientos constitucionales del Estado, en materia de promoción del bienestar general, en sociedad democrática; y a asegurar también un mínimo absoluto de subsistencia digna a la población en situación de pobreza y su inclusión en el proceso nacional de desarrollo sostenible.

la crisis nacional actual es así principalmente debida a la inobservancia de la Constitución, la ausencia de participación ciudadana y diálogo inclusivo en democracia pluralista y la falta de control planificado de desarrollo sostenible de la Nación hondureña en función de asegurar respeto a la dignidad y bienestar común a toda la sociedad o pueblo hondureño, sin ninguna discriminación.

Ante la injusta realidad nacional, se impone la transformación de comportamientos de los gobiernos que gestionan sucesivamente el Estado porque, de acuerdo con la Constitución vigente y complementaria normativa nacional e internacional, en democracia constitucional los gobiernos son únicamente instrumentos del pueblo para garantizar, en beneficio de los (as) habitantes del Estado, su dignidad humana y bienestar común actuando, con ese supremo propósito, para hacer efectiva la verdadera independencia y soberanía del Estado con el sometimiento imperativo de todos los gobiernos, presente y sucesivos, al Estado Constitucional de Derecho.

Por ello, debemos velar sobre el comportamiento debido de los funcionarios estatales y la mejor educación en sus modos de pensar, ser y hacer para quienes aspiren a serlo, por medio de la educación, del diálogo y del trabajo solidario de todas las actuales generaciones en lucha por superar el subdesarrollo, la pobreza y demás males públicos antes señalados, mediante un plan de desarrollo local y nacional y su planificación o ejecución y control del proceso en el corto, mediano y largo plazo, para realmente garantizar y disfrutar de condiciones favorables a la dignidad humana y el bienestar común en una Patria por todos (as) compartida, conscientes de que la única manera de lograrlo es dando real efectividad a la independencia, la soberanía y el proceso de desarrollo sostenible e integral de Honduras.

De ahí la importancia de concienciarnos sobre la práctica de la educación en familia y realizarla teniendo presente su relación con el sistema educativo como base fundamental de promoción y participación en el proceso de desarrollo sostenible local y nacional de Honduras, para el logro de bienestar común de la sociedad; y del aprovechamiento de la igualdad de oportunidades, por cada persona, para progresar económica y socialmente, usando culturalmente bien los conocimientos y habilidades adquiridos.

En verdad, el subdesarrollo y la pobreza en que vivimos es nuestro principal problema económico, social, político y debemos superarlo con realismo. Ante esa situación y en dirección a la transformación de Honduras, se hace necesario el respeto y cumplimiento del Estado de Derecho por todos (as) los habitantes y desde la familia para convivir democráticamente en una sociedad en la que prevalece el pluralismo de ideas, la igualdad, la solidaridad y el bien común.