Una lápida para llegada de la CICIH es vigencia de pacto de impunidad

La vigencia del Decreto 4-2022, que sustenta la Ley de Amnistía Política, sigue siendo un obstáculo para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), según advierten múltiples voces de la sociedad civil.

La posición de la ONU y su condición clave

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dejado claro que una de las condiciones primordiales para que el Estado de Honduras reciba el respaldo necesario para la instalación de la CICIH es la reforma de la mencionada ley, la cual ha sido vista por muchos como un instrumento que favorece la impunidad. Esta amnistía, vigente desde la aprobación del Decreto 4-2022, ha permitido que exfuncionarios investigados por corrupción y otros delitos sean exonerados de sus procesos judiciales.

Un freno en la lucha contra la corrupción

El decreto, conocido popularmente como Ley de Amnistía Política, ha sido interpretado por diversos sectores como un “pacto de impunidad”. En este contexto, la ONU no está dispuesta a prestar apoyo a una CICIH que se vea limitada por este marco legal, ya que su misión sería luchar contra la corrupción sin discriminación de tiempo o actores. “La ONU no va a participar en la persecución de actos de corrupción solo de los últimos 12 años, mientras se sostiene una amnistía que favorece a ciertos grupos. Esto le pone la lápida a cualquier intento de traer la CICIH”, afirma el abogado penalista Fernando González.

El papel de la Corte Suprema de Justicia

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el que ratificó la validez de la Ley de Amnistía Política ha reforzado la preocupación de sectores críticos que aseguran que, con esta decisión, la llegada de la CICIH al país es poco probable. Según González y otros analistas, mientras este decreto permanezca vigente, será prácticamente imposible que un organismo internacional como la CICIH pueda operar de manera efectiva y sin restricciones en el país. La ratificación de la CSJ ha sido vista por algunos como un movimiento que fortalece el “pacto de impunidad”, entorpeciendo la lucha real contra la corrupción y la impunidad en Honduras.

Críticas al Decreto 4-2022

Los sectores que critican esta ley sostienen que el Decreto 4-2022 fue aprobado con el objetivo de proteger a figuras políticas influyentes que enfrentaban investigaciones por corrupción. Para estos grupos, la ley no solo impide la llegada de la CICIH, sino que además perpetúa un sistema de impunidad que dificulta cualquier intento de hacer justicia en casos de corrupción que involucren a actores del pasado y del presente.

En resumen, el panorama actual refleja una lucha entre quienes defienden la Ley de Amnistía Política y quienes ven en su reforma la única vía para avanzar en la instalación de la CICIH y en la lucha efectiva contra la corrupción en Honduras.