Tegucigalpa, Honduras – 4 de marzo de 2026
El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, presentó en las últimas horas un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el objetivo de impugnar la figura del juicio político contemplada en la normativa nacional, al considerar que vulnera principios y garantías fundamentales establecidos en la Constitución de la República.
El funcionario confirmó que acudió a la Sala de lo Constitucional para interponer el recurso contra el artículo 234 reformado de la Carta Magna y varios artículos de la ley especial sobre juicio político, normativa que, según indicó, estaría siendo utilizada para promover un proceso en su contra y contra otros funcionarios públicos.
Argumentos de inconstitucionalidad
Ochoa explicó que el fundamento central de su acción legal radica en lo que calificó como una “alta discrecionalidad” en la estructura del juicio político. A su criterio, la ley carece de mecanismos claros que aseguren el respeto al debido proceso y a las garantías constitucionales básicas.
“El juicio político no tiene un seguimiento o cumplimiento de las principales garantías constitucionales”, expresó el consejero, al tiempo que denunció que el proceso ya habría iniciado con “prejuzgamiento” por parte de diputados del oficialismo pertenecientes a los partidos gobernantes.
De acuerdo con lo plasmado en el recurso, al cual se tuvo acceso, la acción se sustenta en cuatro ejes principales:
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Violación del principio de legalidad y tipicidad.
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Transgresión al debido proceso.
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Configuración normativa de ceses arbitrarios y efectos institucionales inhibitorios.
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Incumplimiento del deber de adecuación normativa y del control convencional.
Según Ochoa, estos elementos evidencian que la figura del juicio político, tal como está regulada, permitiría la destitución de funcionarios sin reglas claras ni garantías suficientes, lo que a su juicio abre la puerta a decisiones motivadas por intereses políticos.
Denuncias sobre elecciones de 2025
En sus declaraciones, el consejero vinculó la acción promovida en su contra con los acontecimientos electorales de noviembre de 2025. Afirmó ser “el único testigo directo y presencial” de un supuesto fraude ocurrido durante ese proceso.
Ochoa sostuvo que no solo fue testigo de presuntas manipulaciones e injerencias externas —incluyendo señalamientos hacia Estados Unidos, maras y pandillas— sino también de situaciones internas dentro del CNE. Entre ellas, mencionó que “dejaron de contarse actas”, lo que, según su versión, habría afectado la transparencia del escrutinio.
Asimismo, aseguró que existen autoridades que actualmente ocupan cargos sin haber resultado electas legítimamente. “Hay un presidente que no resultó electo, diputados que ostentan un curul en el Congreso y alcaldes que están sentados en sus sillas sin haber resultado electos”, manifestó.
Señalamientos políticos
El consejero también afirmó que detrás del intento de juicio político existirían motivaciones políticas relacionadas con el futuro escenario electoral. En ese contexto, mencionó al expresidente Juan Orlando Hernández, a quien calificó como “capo narcotraficante convicto”, y aseguró que buscan apartarlo del cargo para allanar el camino de cara a las elecciones de 2029.
“Quieren sacarme porque en el 2029 viene Juan Orlando Hernández para inscribirse en las siguientes elecciones”, declaró Ochoa, sugiriendo que su permanencia en el CNE representaría un obstáculo para determinados intereses políticos.
Debate sobre el juicio político
La presentación del recurso reaviva el debate nacional sobre la figura del juicio político, un mecanismo que ha sido defendido por diversos sectores como herramienta de control democrático, pero que también ha sido cuestionado por otros actores que consideran que su redacción actual puede prestarse a abusos.
Mientras la Sala de lo Constitucional analiza la admisión del recurso, el proceso podría marcar un precedente relevante en la interpretación y aplicación del juicio político en Honduras, especialmente en un contexto de alta polarización política y cuestionamientos sobre la legitimidad de las instituciones.
Por ahora, la decisión final quedará en manos del máximo tribunal del país, cuyo fallo podría redefinir el alcance de esta figura y su impacto en la estabilidad institucional del Estado hondureño.
