Una nueva controversia política ha surgido en Honduras luego de que se revelara que el excanciller Eduardo Enrique Reina aprobó un reglamento que le garantiza un pasaporte diplomático vitalicio y extiende ese beneficio a otros exfuncionarios de alto nivel del Estado. La normativa fue aprobada semanas antes de que abandonara su cargo para incorporarse a la fórmula presidencial encabezada por Rixi Moncada, lo que ha provocado fuertes cuestionamientos en diversos sectores políticos y jurídicos del país.
La regulación, integrada por 15 artículos, fue emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional el 6 de mayo de 2025 y posteriormente publicada el 14 de junio del mismo año en el diario oficial La Gaceta. La existencia del reglamento fue expuesta públicamente durante una investigación presentada en el programa televisivo 30/30, conducido por el periodista Edgardo Melgar.
Según lo establecido en la normativa, los pasaportes diplomáticos y oficiales emitidos por la Cancillería hondureña tendrán una vigencia regular de uno o cinco años, dependiendo del cargo que desempeñe el funcionario. Además, se indica que los titulares deberán tramitar un nuevo documento seis meses antes de su vencimiento si continúan ocupando funciones públicas.
No obstante, uno de los puntos más polémicos del reglamento es la inclusión de una disposición que permite otorgar pasaportes diplomáticos vitalicios a expresidentes de los poderes del Estado y a sus cónyuges, así como a excancilleres, exvicecancilleres y exsubsecretarios de Estado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, extendiendo también ese privilegio a sus parejas.
La normativa fue aprobada apenas 23 días antes de que Reina dejara su cargo al frente de la diplomacia hondureña para sumarse a la fórmula presidencial del oficialismo, lo que generó críticas de sectores que consideran que la medida podría interpretarse como un beneficio personal impulsado desde la propia institución que dirigía.
Cuestionamientos desde el ámbito legal
Diversos expertos han cuestionado la legitimidad de la disposición. La abogada Ruth Lafosse calificó la medida como un abuso de poder y señaló que el reglamento carece incluso del rango de ley secundaria, lo que abriría la puerta a que pueda ser modificado o eliminado por las autoridades actuales.
A criterio de Lafosse, los pasaportes diplomáticos deberían ser otorgados únicamente a funcionarios que se encuentren en ejercicio de funciones oficiales y no a exservidores públicos que ya no representan formalmente al Estado hondureño.
La jurista también advirtió que el reglamento podría entrar en conflicto con el artículo 60 de la Constitución de la República, el cual establece el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Bajo esta perspectiva, otorgar privilegios permanentes a un grupo específico de exfuncionarios podría interpretarse como un trato preferencial injustificado.
Cancillería ordena devolución de documentos
En medio del debate generado por la revelación del reglamento, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional emitió recientemente una solicitud dirigida a exfuncionarios y exservidores públicos que actualmente poseen pasaportes diplomáticos u oficiales.
La Cancillería pidió que dichos documentos sean devueltos a la Unidad de Pasaportes a más tardar el 31 de marzo de 2026, como parte de un proceso de revisión administrativa de los beneficios otorgados en años anteriores.
Sin embargo, la institución aclaró que esta medida no afectará a quienes posean pasaportes diplomáticos vitalicios otorgados conforme a la normativa vigente, lo que mantiene intacto el beneficio contemplado en el reglamento aprobado durante la gestión de Reina.
Debate político continúa
El caso ha reavivado el debate sobre los privilegios que reciben algunos altos funcionarios del Estado una vez que abandonan sus cargos. Analistas consideran que el tema podría escalar a una discusión legislativa o incluso derivar en acciones legales si se determina que la normativa contradice disposiciones constitucionales.
Mientras tanto, el reglamento continúa vigente, lo que significa que los exfuncionarios incluidos en sus disposiciones pueden seguir accediendo al pasaporte diplomático vitalicio, un documento que tradicionalmente se reserva para quienes representan oficialmente al país en misiones diplomáticas o funciones de alto nivel en el extranjero.
