Nery Alexis Gaitán

Parece que los políticos hondureños nunca van aprender la lección que los intereses de la patria están primero. Y que los intereses partidarios vienen de segundo, siempre tomando en cuenta el bienestar de todos los catrachos. Pero la clase política siempre está conspirando a su favor para seguir disfrutando de las mieles del poder a costa de lo que sea. Por eso la corrupción, avalada por la impunidad, es nuestra tragedia nacional.

Libre llegó al poder por una circunstancia de rechazo a la administración de Juan Orlando Hernández, no porque el pueblo apoyara la agenda izquierdista y antidemocrática de este partido de corte dictatorial. El voto de castigo los llevó inusitadamente al poder; su administración se caracterizó por un alto grado de corrupción y derroche y, por su perenne discurso de odio, dividieron terriblemente a la familia hondureña.

Creyeron que iban a ser eternos en el poder y cometieron abusos de todo tipo. Al iniciar las elecciones se dieron cuenta que el pueblo los adversaba en gran medida, y que por la vía legal no continuarían en el poder, tal como les sucedió en noviembre de 2025, al ser rechazados en un 81% por el pueblo hondureño.

Como es un partido propenso a la violencia y a la ilegalidad constante, iniciaron un ataque frontal para desvirtuar el proceso de las elecciones y que no se diera la declaratoria oficial en tiempo y forma, para que el Congreso, con el lacayo de Luis Redondo, contara los votos a su antojo. Fue así como Marlon Ochoa se dedicó en exclusiva a atacar a las consejeras, Ana Paola Hall y Cossette López, para entorpecer los procesos administrativos y detener las elecciones.

Los ataques a las consejeras fueron desde todos los frentes posibles. Johel Zelaya, el fiscal general exclusivo de Libre, y no del pueblo hondureño, inició acciones legales en contra de las consejeras para impedirles que realizaran su valioso trabajo a favor del proceso de las elecciones y de la democracia hondureña. Luis Redondo hizo lo mismo desde el Congreso.

A este discurso antipatriótico y en contra de la alternabilidad en el poder, que se tipifica como traición a la patria, se anexaron los principales dirigentes de Libre, incluyendo a la excandidata presidencial, Ramona Moncada, y en la última etapa se anexó Xiomara Castro, desconociendo los resultados electorales y no efectuó la transición de gobierno que se esperaba; al final, se fueron dejando todo abandonado, y saqueado el erario nacional.

Estas acciones de los dirigentes de Libre, supuestamente constitutivas de delito, y que ameritan Juicio Político, y después las respectivas acciones legales, están tipificadas en la Constitución; el Artículo 4 garantiza la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República y la violación de esta norma se considera traición a la patria; y el Artículo 234 establece que: “Procede el Juicio Político contra el Presidente de la República y Designados Presidenciales, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Diputados del Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, Corporaciones Municipales y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional…”.

Es así que, por el atentado en contra del proceso de las elecciones, y por lo tanto del ejercicio de la alternabilidad en el poder, todos estos dirigentes de Libre deben ser sometidos a Juicio Político, y posteriormente deducirles las responsabilidades penales que establecen nuestras leyes. Es lo que procede.

Es necesario establecer un precedente para que este tipo de acciones, en contra de las elecciones y en sí de nuestro sistema democrático, no se vuelvan a repetir. Los políticos hondureños deben entender que no pueden seguir violando las leyes sin consecuencia alguna.

Los hondureños deseamos vivir en paz y fortalecer nuestro sistema democrático. Ahora el voto de castigo se hace sentir, como le ocurrió a Libre, que perdió más de un millón de votos en las elecciones pasadas.