El Congreso Nacional de Honduras recibió una denuncia de juicio político contra el fiscal general Johel Antonio Zelaya Álvarez, en la que se le acusa de presuntas faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Según el documento presentado, las acusaciones incluyen supuestas actuaciones contrarias a la Constitución, así como negligencia, incapacidad e incompetencia en el desempeño del cargo. Los denunciantes solicitan que el pleno admita el proceso y proceda con la suspensión temporal del funcionario mientras se desarrolla la investigación, con el fin de evitar posibles interferencias.
Como parte del avance del caso, el Congreso decidió conformar una comisión especial integrada por nueve diputados, la cual tendrá la responsabilidad de analizar las pruebas, dirigir la investigación y presentar un informe ante el pleno legislativo.
Dicha comisión deberá actuar conforme a lo establecido en la ley, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos del fiscal general durante todas las etapas del procedimiento.
Una vez concluida la investigación, el pleno del Congreso será el encargado de deliberar y votar sobre las conclusiones presentadas, lo que podría derivar en la destitución definitiva de Johel Antonio Zelaya Álvarez si se comprueba su responsabilidad en los hechos señalados.
