30 marzo 2026 – 5:45 PM
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este lunes una demanda contra el estado de Minesota, argumentando que sus políticas actuales vulneran la legislación federal al permitir que niñas trans compitan en categorías deportivas femeninas.
La acción legal señala directamente al Departamento de Educación estatal y a la liga de institutos de secundaria, a quienes acusa de incurrir en una “flagrante” discriminación por razón de sexo. Según el documento, estas entidades obligan a estudiantes mujeres a competir contra personas que, bajo la interpretación del gobierno federal, no cumplen con los criterios biológicos establecidos para participar en competencias exclusivamente femeninas.
El eje central de la demanda se fundamenta en una orden ejecutiva firmada en febrero de 2025 por el presidente Donald Trump, titulada “Excluir a los hombres de los deportes femeninos”. Esta normativa establece que el sexo debe definirse únicamente en términos biológicos, dejando de lado la identidad de género como criterio para la participación en actividades deportivas reguladas bajo el Título IX.
El Título IX, una ley federal promulgada en 1972, prohíbe la discriminación por sexo en instituciones educativas que reciben financiamiento federal. Bajo esta base, el gobierno argumenta que las políticas de Minesota contradicen el espíritu de dicha legislación al priorizar la identidad de género sobre lo que consideran “realidad biológica”.
En un comunicado oficial, la fiscal general Pam Bondi sostuvo que la administración no permitirá que se implementen políticas estatales que, a su juicio, “ignoran la equidad y la seguridad de las niñas en el ámbito deportivo”. La funcionaria remarcó que el caso busca restablecer condiciones justas para las atletas femeninas en todo el país.
La demanda cuenta además con el respaldo del Departamento de Salud y Servicios Humanos, encabezado por Robert Kennedy Jr., quien enfatizó que el gobierno federal velará por que “no se niegue a las niñas la igualdad de oportunidades ni su privacidad en espacios íntimos como vestuarios y baños”.
En la misma línea, la secretaria de Educación, Linda McMahon, criticó las políticas estatales al considerar que afectan el derecho de las estudiantes a competir en igualdad de condiciones. Según indicó, la normativa vigente en Minesota socava los principios de acceso equitativo en las actividades educativas.
Otro punto clave del litigio es el financiamiento federal que recibe el sistema educativo del estado, estimado en unos 3,000 millones de dólares. De acuerdo con la demanda, estos fondos están condicionados al cumplimiento estricto del Título IX, lo que podría poner en riesgo dichos recursos si el estado no ajusta sus políticas.
El caso promete convertirse en un referente dentro del debate nacional sobre derechos civiles, inclusión y equidad en el deporte escolar.
