Tegucigalpa, Honduras — 23 de abril de 2026
La lucha contra la criminalidad en Honduras entra en una nueva fase. La Secretaría de Seguridad anunció un cambio estratégico que busca ir más allá de las capturas y operativos tradicionales: ahora el objetivo central será debilitar las estructuras delictivas atacando directamente sus fuentes de financiamiento.
El titular de Seguridad, Gerzon Onán Velásquez, explicó que esta nueva política apunta a desarticular el poder económico que sostiene a maras, pandillas y otras redes criminales. Según detalló, la estrategia contempla la persecución de bienes, cuentas bancarias y cualquier recurso logístico que permita a estos grupos operar y expandirse.
“Vamos a ir detrás de sus bienes, sus cuentas y todo lo que tenga que ver con sus capacidades para generar violencia”, afirmó el funcionario, subrayando que el enfoque pretende cortar de raíz la operatividad criminal.
Un giro hacia la inteligencia financiera
Durante años, las acciones de seguridad en el país han estado centradas en operativos masivos y capturas. Sin embargo, las autoridades reconocen que estas medidas, aunque necesarias, no han sido suficientes para frenar el crecimiento y sofisticación de las organizaciones delictivas.
El nuevo plan introduce un componente clave: la inteligencia financiera. Esto implica rastrear flujos de dinero, identificar mecanismos de lavado de activos y bloquear recursos que alimentan delitos como la extorsión, el narcotráfico y el homicidio.
Las autoridades sostienen que al afectar la economía de estas estructuras, se limita su capacidad para reclutar miembros, adquirir armamento y ejercer control territorial.
Focalización territorial: menos despliegue, más precisión
Otro pilar fundamental de la estrategia es la focalización territorial. En lugar de operativos generalizados, la Policía concentrará sus recursos en zonas con alta incidencia delictiva.
El director general de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, aseguró que este enfoque ya está mostrando resultados positivos en sectores priorizados.
“Estamos viendo avances importantes. La focalización permite actuar con mayor precisión y eficacia”, señaló.
Según las autoridades, este modelo busca optimizar el uso de recursos humanos y logísticos, evitando despliegues innecesarios y priorizando intervenciones estratégicas.
Del combate reactivo a la desarticulación estructural
El cambio de enfoque también responde a la evolución de las organizaciones criminales en Honduras. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, las maras y pandillas han dejado de ser grupos desorganizados para convertirse en estructuras con características similares a corporaciones, con jerarquías definidas, control territorial y diversificación de actividades ilícitas.
Frente a esta transformación, el objetivo ya no es únicamente capturar a los responsables directos de delitos, sino desmontar toda la estructura que los sostiene.
Esto incluye desde líderes hasta operadores financieros, redes de lavado de dinero y colaboradores logísticos.
Reformas legales en discusión
Como complemento a la estrategia operativa, la Policía Nacional presentó una propuesta de reforma al Código Penal de Honduras, con el objetivo de fortalecer el marco legal para enfrentar la criminalidad.
Entre las medidas planteadas se encuentran:
- Endurecimiento de penas para delitos como extorsión y feminicidio.
- Posibilidad de clasificar a maras y pandillas como organizaciones terroristas.
- Implementación de grilletes electrónicos para ciertos procesados.
- Regulación de billeteras digitales, ante su posible uso en actividades ilícitas.
Las autoridades argumentan que estas reformas son necesarias para responder a las nuevas dinámicas del crimen organizado, que cada vez utiliza herramientas tecnológicas y financieras más sofisticadas.
Alertas sobre derechos fundamentales
No obstante, la propuesta ha generado debate. Expertos en derecho penal y sectores judiciales han advertido sobre la necesidad de aplicar estas reformas con cautela.
Señalan que un endurecimiento excesivo o mal regulado podría derivar en abusos de poder o violaciones a derechos fundamentales, especialmente en lo relacionado con la vigilancia financiera y la clasificación de organizaciones.
En ese sentido, insisten en la importancia de mantener un equilibrio entre la eficacia en la lucha contra el crimen y el respeto al Estado de derecho.
Un desafío de largo plazo
La nueva estrategia de Seguridad representa un intento por modernizar la respuesta del Estado frente a un fenómeno criminal cada vez más complejo. Sin embargo, su éxito dependerá de múltiples factores, entre ellos la coordinación interinstitucional, la capacidad técnica para rastrear finanzas ilícitas y la solidez del marco legal.
Mientras tanto, la población observa con expectativa si este giro, centrado en golpear el bolsillo del crimen, logra traducirse en una reducción real de la violencia que afecta a amplias zonas del país.
