Tegucigalpa, Honduras.- La prolongada aplicación del estado de excepción durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro no logró reducir de manera significativa los niveles de violencia en el país y, por el contrario, estuvo acompañada por un aumento en las denuncias por presuntos abusos cometidos por cuerpos de seguridad del Estado.
De acuerdo con registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), entre noviembre de 2022 y 2025 se contabilizaron más de 1,100 denuncias relacionadas con actuaciones de militares y agentes policiales. Entre los señalamientos figuran allanamientos ilegales, robo de pertenencias, detenciones arbitrarias y otras presuntas violaciones a los derechos humanos.
Los datos reflejan que el 56% de las denuncias fueron dirigidas contra miembros de la Policía Nacional y de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), instituciones que tuvieron una participación activa en la ejecución de las medidas extraordinarias de seguridad.
Organismos defensores de derechos humanos advierten que la extensión consecutiva del estado de excepción, prorrogado en más de 20 ocasiones, contribuyó a una progresiva normalización del abuso de poder y al debilitamiento de los controles sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad.
El debate sobre la efectividad de esta estrategia continúa vigente, mientras distintos sectores insisten en la necesidad de fortalecer la seguridad ciudadana sin comprometer las garantías constitucionales y los derechos fundamentales de la población.
