La Comisión Técnica Liquidadora denunció presuntas irregularidades en el manejo de unos 38 millones de lempiras que estaban destinados al bono para migrantes retornados durante la administración anterior de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Según explicó Mario Celín Simón Perla, integrante de la comisión, los fondos habrían sido retirados en efectivo de Banadesa mediante cheques cobrados por empleados vinculados a la entonces Sedesol. De acuerdo con las investigaciones preliminares, los retiros se realizaban en montos que iban desde 250 mil hasta un millón de lempiras por operación.
Simón Perla detalló que el dinero estaba destinado a hondureños retornados del extranjero, quienes debían recibir un incentivo cercano a los 100 dólares al ingresar al país. Sin embargo, al comparar los listados de beneficiarios con los registros migratorios, se detectaron inconsistencias que levantaron sospechas sobre el uso de los recursos.
El funcionario señaló que muchos de los supuestos beneficiarios no aparecen en los registros oficiales de migrantes retornados correspondientes al año anterior, por lo que se busca determinar el destino final de los fondos y quién autorizó los retiros.
La investigación se desarrolla en conjunto con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organismos que colaboran en el establecimiento de responsabilidades administrativas y legales.
Por otra parte, Ángel Antonio Mendoza Velásquez, coordinador de la Comisión Técnica Reguladora, informó que la reestructuración y cierre de instituciones estatales mediante el decreto 04-2026 ha generado un ahorro superior a 5,767 millones de lempiras. Entre las entidades intervenidas figuran la extinta Sedesol, Sedecoas y la Secretaría de Transparencia, mientras que el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) pasará a depender de la Secretaría de Infraestructura y Transporte.
