La iniciativa busca modernizar el marco legal vigente mediante nuevas políticas enfocadas en la salud preventiva, la protección social, la inclusión laboral y el fortalecimiento institucional de los programas destinados a este sector de la población.

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó una serie de reformas a la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor con el objetivo de ampliar los derechos, beneficios y mecanismos de atención dirigidos a las personas de la tercera y cuarta edad. La iniciativa busca modernizar el marco legal vigente mediante nuevas políticas enfocadas en la salud preventiva, la protección social, la inclusión laboral y el fortalecimiento institucional de los programas destinados a este sector de la población.

Con las modificaciones aprobadas, las autoridades pretenden responder a las necesidades de miles de adultos mayores en el país, incorporando medidas orientadas a garantizar un envejecimiento más digno, activo y con mayores oportunidades de participación dentro de la sociedad.

Uno de los ejes principales de la reforma es la adopción del concepto de envejecimiento activo, promoviendo acciones que permitan mejorar la calidad de vida mediante el acceso oportuno a servicios de salud, actividades recreativas, espacios culturales, programas deportivos y participación comunitaria.

Además, la legislación establece que los programas de atención integral deberán incluir chequeos médicos preventivos gratuitos una vez al año, campañas de detección temprana de enfermedades crónicas y atención especializada para las patologías más frecuentes que afectan a las personas adultas mayores.

La normativa también contempla la implementación de servicios de atención domiciliaria para quienes presenten dificultades de movilidad, permitiendo que puedan recibir seguimiento médico sin necesidad de trasladarse constantemente a los centros asistenciales.

Medidas contra el abandono y el maltrato

Otro de los aspectos relevantes incorporados en la reforma es la creación de estrategias para prevenir el abandono, la violencia y la exclusión social que enfrentan muchos adultos mayores.

Para ello, se impulsarán redes de acompañamiento coordinadas entre las municipalidades y distintas instituciones del Estado, con el propósito de brindar apoyo integral a las personas en condición de vulnerabilidad y fortalecer los mecanismos de protección familiar y comunitaria.

Las reformas también fortalecen el papel de la Dirección General del Adulto Mayor (Digam), dependencia adscrita a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la cual contará con mayor autonomía administrativa, técnica y financiera para ejecutar programas y políticas públicas.

Asimismo, se actualiza la integración de su junta directiva mediante la incorporación de la Secretaría de Derechos Humanos, ampliando la participación institucional en la toma de decisiones relacionadas con la protección de este grupo poblacional.

El decreto también establece que los recursos asignados para estos programas deberán administrarse bajo mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y auditoría pública.

Nueva pensión para adultos mayores en pobreza

Entre las disposiciones de mayor impacto social figura la creación de la Pensión Social No Contributiva, destinada a personas adultas mayores que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad económica y que no reciben beneficios provenientes de sistemas de previsión social o seguridad social.

La medida también contempla como beneficiarios a quienes, además de cumplir con esos requisitos, padezcan alguna discapacidad o condición de salud que limite significativamente su autonomía.

La administración de este programa estará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social, mientras que su financiamiento deberá ser incorporado dentro del Presupuesto General de la República correspondiente al ejercicio fiscal de 2027.

Con esta iniciativa, el Estado busca brindar un respaldo económico básico a miles de personas mayores que actualmente carecen de ingresos suficientes para cubrir necesidades esenciales como alimentación, medicamentos y atención médica.

Incentivos para la contratación de personas mayores

La reforma también introduce medidas encaminadas a fomentar la inclusión laboral de ciudadanos mayores de 60 años.

El nuevo régimen contempla incentivos fiscales para las empresas que contraten adultos mayores, así como programas de capacitación orientados a fortalecer sus competencias y facilitar su permanencia en el mercado laboral.

Además, se crea un sistema de reconocimiento para las empresas que impulsen prácticas de inclusión laboral y se prohíbe expresamente cualquier forma de discriminación por edad durante los procesos de contratación, permanencia o condiciones de trabajo.

Con ello, el Congreso busca incentivar el aprovechamiento de la experiencia y conocimientos de este segmento de la población, promoviendo una participación activa dentro del desarrollo económico nacional.

Descuento en la matrícula vehicular

Entre los nuevos beneficios económicos aprobados destaca un descuento del 50 % en el pago de la matrícula anual de un vehículo propiedad del adulto mayor, jubilado o pensionado.

El beneficio será aplicable únicamente cuando el automotor esté inscrito legalmente a nombre del beneficiario, representando un alivio económico adicional para este sector.

Reforma orientada a una protección integral

Con la aprobación de estas modificaciones, el Congreso Nacional busca fortalecer la política pública dirigida a las personas adultas mayores, ampliando los mecanismos de asistencia social, mejorando el acceso a servicios de salud, promoviendo oportunidades de empleo y creando nuevos beneficios económicos.

Las reformas pretenden responder a los desafíos derivados del envejecimiento de la población hondureña mediante un enfoque integral que combine atención médica, protección de derechos, inclusión social y sostenibilidad institucional, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de vida para los adultos mayores en el país.