OEA analiza respuesta regional tras iniciativa de EE.UU. por suspensión de elecciones en Nicaragua.

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En un discurso pronunciado ante miles de simpatizantes del socialismo antidemocrático en Managua, Daniel Ortega afirmó que en Nicaragua no volverían a realizarse elecciones libres no permitiremos que la oposición llegue al poder.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) dio un paso significativo en el debate sobre la situación política de Nicaragua al acoger una propuesta impulsada por Estados Unidos para convocar una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del continente, con el propósito de evaluar acciones colectivas frente a las recientes decisiones del Gobierno de Daniel Ortega, entre ellas el anuncio de que el país no volverá a celebrar elecciones como estaba previsto.

La iniciativa, que aún deberá ser sometida a votación dentro del Consejo Permanente de la OEA, representa uno de los pronunciamientos diplomáticos más contundentes promovidos en los últimos años contra la administración nicaragüense, señalada por diversos organismos internacionales por el deterioro de las libertades democráticas, la persecución de opositores y la concentración del poder político.

Estados Unidos pide una respuesta regional

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, sostuvo que ha llegado el momento de que la región pase de las declaraciones a una respuesta institucional coordinada.

«Se ha acabado el momento de hablar; es el momento de una respuesta formal, institucional y colectiva», expresó el funcionario estadounidense al presentar la propuesta respaldada por Argentina, Panamá, Paraguay, Uruguay, Costa Rica y Ecuador.

Kozak argumentó que Washington no puede enfrentar en solitario la crisis política nicaragüense y exhortó a los demás países miembros de la OEA a asumir una posición conjunta frente a lo que calificó como un progresivo desmantelamiento del sistema democrático.

Durante su intervención, el representante estadounidense aseguró que Nicaragua enfrenta una concentración de poder sin precedentes.

«Hacemos frente a una monarquía autoritaria que no tiene intención de dejar el poder», manifestó Kozak, al tiempo que insistió en que el objetivo de la convocatoria es analizar mecanismos diplomáticos para responder a la situación.

Propuesta busca consulta entre cancilleres

El documento presentado ante la OEA plantea la convocatoria de una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, instancia prevista dentro del sistema interamericano para abordar situaciones que puedan afectar la estabilidad democrática o la paz regional.

Según explicó Estados Unidos, el propósito de la reunión sería determinar qué medidas diplomáticas pueden adoptarse frente al Gobierno de Daniel Ortega.

Kozak aclaró que la iniciativa no contempla ningún tipo de intervención militar ni autoriza el uso de fuerzas armadas, respondiendo así a posibles interpretaciones sobre el alcance del planteamiento.

El funcionario insistió en que se trata exclusivamente de una vía política y diplomática dentro del marco de la Carta de la OEA.

Denuncias de la CIDH

La sesión extraordinaria inició con la comparecencia de la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Payá, quien presentó un panorama crítico sobre la situación interna de Nicaragua.

Payá denunció que el Gobierno nicaragüense mantiene una política sistemática de persecución religiosa y represión política, orientada a silenciar cualquier forma de disidencia.

Según explicó, las autoridades han instaurado un ambiente de temor entre la población mediante acciones dirigidas contra opositores, organizaciones civiles, medios de comunicación independientes y representantes de distintos sectores sociales.

La relatora sostuvo que estas medidas han restringido gravemente el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Reforma constitucional amplió permanencia en el poder

La preocupación internacional aumentó luego de las reformas constitucionales aprobadas en Nicaragua durante 2025, las cuales modificaron la estructura del Poder Ejecutivo.

Con esos cambios, Daniel Ortega, quien gobierna desde 2007, consolidó un nuevo modelo político en el que comparte formalmente el Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, quien pasó de desempeñarse como vicepresidenta a ocupar el cargo de copresidenta.

Estados Unidos cuestionó esa transformación institucional y sostuvo que Murillo asumió dicha posición sin haber sido elegida específicamente para ese cargo mediante un proceso electoral independiente.

Washington también ha señalado que la reforma amplió el período presidencial y redujo aún más las posibilidades de alternancia democrática.

Declaraciones de Ortega generan preocupación

«Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder», declaró el mandatario.

Sus palabras fueron interpretadas por diversos gobiernos y organizaciones internacionales como una confirmación de que el Ejecutivo pretende suspender los procesos electorales previstos para noviembre de 2026.

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