La acusada de participar en un doble crimen originado por un conflicto sentimental que terminó con la muerte de su esposo y del hombre con quien presuntamente mantenía una relación extramarital.
Tegucigalpa, Honduras. Casi un año después de un violento episodio que conmocionó a la capital hondureña, una auxiliar de enfermería de 42 años fue capturada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
La detención fue ejecutada por la División de Delitos Contra la Vida, en cumplimiento de una orden de captura emitida el 4 de agosto de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, que la señala por los delitos de homicidio, amenazas y privación injusta de la libertad.
La captura se llevó a cabo en la colonia Centroamérica Oeste, donde la imputada permanecía desde que ocurrieron los hechos registrados la madrugada del 21 de septiembre de 2025, en un autolavado ubicado sobre el Anillo Periférico.
Un encuentro que terminó en tragedia
De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por la DPI, la mujer se encontraba en el establecimiento junto a Ramón Ernesto Cruz y otras personas cuando llegó su esposo, Ónix Khymberly Barahona Castellanos, situación que derivó en una fuerte discusión motivada, según las pesquisas, por una supuesta relación sentimental entre la ahora detenida y Cruz.
Los agentes establecieron que, tras el altercado inicial, Barahona Castellanos abandonó momentáneamente el lugar y regresó acompañado por otro hombre.
Fue entonces cuando el acompañante abrió fuego contra Ramón Ernesto Cruz, provocándole la muerte de manera inmediata.
La reacción que cambió el rumbo del caso
Según el expediente investigativo, al presenciar el asesinato de Cruz, la mujer tomó el arma de fuego que pertenecía a la víctima y disparó contra su propio esposo, ocasionándole heridas mortales que le causaron la muerte en la escena.
En cuestión de minutos, el enfrentamiento dejó dos personas fallecidas y dio paso a una compleja investigación para determinar la participación de cada uno de los involucrados.
Las autoridades recopilaron testimonios, pericias balísticas, inspecciones de la escena y otros elementos científicos que permitieron reconstruir la secuencia de los acontecimientos y sustentar el requerimiento judicial.
Una huida marcada por nuevos delitos
Después del doble homicidio, la sospechosa emprendió la fuga.
Las investigaciones indican que abordó un vehículo y obligó al conductor, bajo amenazas, a trasladarla hasta la colonia Centroamérica Oeste, acción que derivó en la acusación por privación injusta de la libertad.
Al llegar al sector, la mujer habría continuado con un comportamiento violento.
Según la DPI, interceptó a varias personas, amenazó a quienes se encontraban en el lugar, agredió físicamente a otra mujer e incluso intentó dispararle.
La intervención de varios ciudadanos permitió desarmarla antes de que ocurriera una nueva tragedia.
Tras ser reducida por los vecinos, la sospechosa logró refugiarse en su vivienda, donde permaneció hasta que los equipos especializados ejecutaron la orden de captura.
Investigación permitió sustentar la acusación
Durante varios meses, la División de Delitos Contra la Vida desarrolló una investigación técnica para esclarecer cada uno de los hechos registrados aquella madrugada.
Los resultados fueron remitidos al Ministerio Público, que presentó el requerimiento correspondiente ante los tribunales, logrando que un juez emitiera la orden de captura por considerar que existían suficientes indicios para procesar a la mujer.
La DPI destacó que este caso forma parte de los esfuerzos institucionales para reducir la impunidad en delitos contra la vida y garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia.
Será presentada ante un juez
Tras su detención, la imputada fue trasladada bajo custodia policial para la realización de los procedimientos legales y posteriormente será puesta a disposición del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa.
En esa instancia judicial deberá responder por los delitos de homicidio, amenazas y privación injusta de la libertad, mientras el Ministerio Público presentará las pruebas recopiladas durante la investigación.
El caso continuará ahora en la etapa judicial, donde serán los tribunales los encargados de valorar la evidencia y determinar la responsabilidad penal de la acusada conforme al debido proceso establecido por la legislación hondureña.
