ESTADOS UNIDOS.- La cadena internacional Univisión volvió a arremeter con el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, al repasar el caso de corrupción conocido como «Pandora», en el que el mandatario, en asosiación con su hermana Hilda Hernández, habría tramado para saquear millones de dólares para financiar gastos de su campaña.
La misma trama involucra a casi 400 diputados, que en un promedio de 10 años vivieron la vida grande a costillas de dinero que se suponía iba dirigido a mejorar las condiciones del pueblo hondureño.
Los documentos oficiales y los registros judiciales que Univision revisó vinculan a los políticos con una red de al menos 53 organizaciones sin fines de lucro que recibieron más de 70 millones de dólares en la en la última década, gran parte de los cuales se canalizaron, según sugiere la evidencia, hacia políticos y campañas con el fin de influir en elecciones y votaciones importantes.
Los documentos indican que el alcance total de la trama podría implicar a decenas más de organizaciones sin fines de lucro, hasta a 360 diputados y exdiputados y quizás cientos de millones de dólares de fondos de desarrollo en uno de los países más pobres de la región, lo cual contribuye a estimular el éxodo de migrantes hacia Estados Unidos.
Adicionalmente, un par de organizaciones sin fines de lucro vinculadas directamente a la familia del presidente Juan Orlando Hernández se encuentran entre los objetivos investigados por fiscales especiales anticorrupción. La mayoría de los fondos involucrados en las tramas de corrupción investigadas por Univisión recibieron autorización de la oficina de Hernández, según la correspondencia entre los diputados y la presidencia.
El Ministerio Publico hondureño ha tenido pruebas de la corrupción desde hace una década, según documentos obtenidos por Univisión. Sin embargo, sólo se han procesado tres casos contra dos docenas de políticos que revelan apenas la punta del iceberg de la corrupción, lo que ha provocado la indignación pública generalizada a causa de la impunidad.
Los políticos hondureños amenazados por la investigación anticorrupción han intentado obstruir a los investigadores mediante la aprobación de leyes que limitan la competencia de los fiscales y reducen las sentencias para posibles delitos.
Las revelaciones se producen en un momento en que el malestar ha causado protestas masivas en las calles y está en duda el futuro de un equipo especial de investigadores contra la corrupción de la Organización de los Estados Americanos, conocido como la MACCIH por sus siglas en español, luego de que expire su mandato en enero.
Mientras tanto, la corrupción en Honduras ha complicado las relaciones con la administración Trump, la cual quiere que los gobiernos de América Central cooperen más mediante la adopción de medidas que reduzcan la migración masiva hacia la frontera estadounidense. Muchos expertos resaltan la corrupción pública como un factor importante que obliga a los hondureños a migrar hacia el norte, pues erosiona los servicios públicos adecuados. En marzo, la administración Trump interrumpió la ayuda exterior a Honduras, Guatemala y El Salvador, debido a la frustración porque dichos países no lograron detener el flujo de migrantes.
El presidente Hernández negó cualquier vínculo con la corrupción en una declaración proporcionada a Univision. «El presidente está a la vanguardia de la lucha contra la corrupción», según la declaración enviada a Univisión por Mishcon de Reya, una firma de abogados de Londres que representa al gobierno hondureño.
Añadió que él estaba orgulloso de su papel al permitir que la MACCIH opere en Honduras, así como los esfuerzos «históricos» para limpiar la policía, y la implementación de un acuerdo de extradición con Estados Unidos «que desafió el poder que ejercían narcotraficantes dentro del Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ejecutivo».
