En el caso conocido como la “Caja chica de la Primera Dama”, las autoridades acusaron a Lobo, en concurso con otros funcionarios públicos, de apropiarse unos 16 millones de lempiras (cerca de US$650.000) y de montar una red de lavado de dinero para ocultar fondos del gobierno destinados a varios proyectos sociales, según explicó Ana María Calderón, vocera de la MACCIH, en 2018.

La ex primera dama oirá su sentencia el 24 de agosto. Enfrenta una condena mínima de 58 años de prisión, pero podría estar recluida hasta 87 años.

Análisis de InSight Crime

La condena de la ex primera dama, perteneciente a una de las castas políticas más tradicionales de Honduras, es un momento histórico para los fiscales y el programa anticorrupción del país.

Desde el momento en que comenzó a operar, en abril de 2016, con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA), la MACCIH ha debido enfrentar diversos obstáculos, como las tardanzas del gobierno para asignarle una sede oficial a la misión, dificultades para contratar empleados dispuestos a aceptar cargos que inicialmente duraban solo seis meses, e intromisiones externas en las decisiones relativas a las contrataciones de personal, según un reporte de junio de 2018 sobre la misión judicial, elaborado por el Centro de Estudios Latinos y Latinoamericanos de American University (CLALS).

Pero eso no impidió a la MACCIH investigar casos de corrupción de alto nivel. Una de las investigaciones más ambiciosas que ha emprendido hasta la fecha, el llamado “caso Pandora”, señaló a varios funcionarios públicos del desvío de millones de dólares del fisco para fines políticos, como la financiación de la campaña presidencial de Juan Orlando Hernández en 2013.

Pero la intervención y manipulación por parte del gobierno le dificultaron a la MACCIH avanzar en las investigaciones y realizar condenas, lo que hace aún más significativo el fallo final contra la ex primera dama Lobo.

Aún así, el futuro de la MACCIH y de su campaña de mayor envergadura contra los malos manejos en la administración pública de Honduras continúa en el limbo mientras el gobierno debate si extiende o no el mandato de la misión, cuyo periodo debe terminar a finales de 2019. El presidente Hernández puede tener un interés personal en que se disuelva la MACCIH, con el fin de evitar nuevas investigaciones sobre su presunta conducta criminal y la de sus aliados cercanos.

“Aunque pone de relieve la envergadura de la corrupción y la importancia de mantener y fortalecer la MACCIH, la condena [de la ex primera dama Lobo] es simbólica y básicamente para aparentar… para hacer ver que sí se está haciendo algo contra la corrupción”, opinó Dana Frank, profesora de la Universidad de California, Santa Cruz, en entrevista con InSight Crime.