«Fondo social»: La herencia de corrupción que salpica a Manuel Zelaya y al oficialismo hondureño
Tegucigalpa, Honduras – 6 de julio de 2025.
En el epicentro de una nueva tormenta política y judicial se encuentra nuevamente el asesor presidencial y exmandatario Manuel Zelaya Rosales, señalado como el principal arquitecto del mecanismo conocido como “fondo social”, que hoy es investigado por su presunto uso como vehículo para desviar millones de lempiras en nombre de la “ayuda comunitaria”.
Las acusaciones, respaldadas por denuncias de expertos y sectores de la sociedad civil, colocan a Zelaya como el creador de una red de financiamiento opaco desde su administración (2006–2009), pero que en la actualidad cobra mayor vigencia debido a los escándalos recientes que involucran directamente a diputados del oficialismo, principalmente del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Una maquinaria bajo la etiqueta de «solidaridad»
La figura del “fondo social” se promovió inicialmente como una herramienta para acercar recursos a comunidades vulnerables mediante la intermediación de diputados y alcaldías. No obstante, múltiples investigaciones han revelado que estos fondos han servido en numerosos casos como plataforma para actos de corrupción: desvío de dinero, contratos sin respaldo, empresas de maletín y enriquecimiento ilícito.
Uno de los analistas políticos que ha seguido de cerca el fenómeno, el abogado Raúl Pineda Alvarado, declaró recientemente que “el fondo social fue institucionalizado como una forma de clientelismo disfrazado. Y quien puso los cimientos de ese esquema fue precisamente Zelaya Rosales”. Según Pineda, “bajo el ropaje del bienestar social, se esconde una estructura de corrupción sostenida por intereses partidarios”.
El nuevo rostro del escándalo
El caso tomó fuerza en las últimas semanas cuando se reveló que al menos 17 diputados –15 del oficialismo y 2 del Partido Liberal– gestionaron más de 261 millones de lempiras en fondos sociales provenientes de instituciones como la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, así como de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El uso de esos fondos no ha sido debidamente fiscalizado, y diversas auditorías han identificado irregularidades preocupantes, incluyendo proyectos fantasmas y contrataciones direccionadas. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) ha iniciado una investigación preliminar sobre los posibles delitos de malversación y abuso de autoridad.
Zelaya, el “corruptor intelectual”
La polémica aumentó tras una publicación del medio Hondudiario, que tituló su reportaje: “Mel es el constructor de una versión de corrupción llamada fondo social”, haciendo eco a declaraciones de funcionarios y voces críticas que acusan directamente al expresidente de haber ideado un sistema que, lejos de promover el desarrollo, permitió una colonización del aparato público por parte de redes clientelares.
Pese a que no existen, hasta el momento, imputaciones formales contra Zelaya en este caso específico, su rol como figura influyente en el gobierno actual y su historial político lo colocan bajo una creciente presión pública.
“El problema de raíz es que la cultura de impunidad ha permitido que quienes crearon estos sistemas permanezcan en posiciones de poder y continúen manipulando el sistema en su beneficio”, dijo la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos. “Lo más grave es que se institucionaliza la corrupción desde los niveles más altos”.
Reacción oficial: silencio y contradicciones
Desde Casa Presidencial no ha habido un pronunciamiento directo sobre las acusaciones contra Zelaya. La presidenta Xiomara Castro, esposa del exmandatario, ha evitado abordar el tema públicamente, mientras sus portavoces han acusado a la oposición y medios de comunicación de “campañas de desprestigio”.
¿Se repetirá la historia?
El escándalo actual no es el primero que relaciona a Zelaya con estructuras de manejo opaco de recursos. En 2009, su administración fue interrumpida por un golpe de Estado tras una profunda crisis institucional, en medio de señalamientos de uso arbitrario de fondos públicos.
Muchos analistas coinciden en que el “modelo Mel” sigue vigente, y que el fondo social es apenas una manifestación visible de una corrupción de alto nivel que se mantiene sin castigo.
“Estamos ante una red que fue pensada desde el poder para mantenerse en el poder”, afirma Lester Ramírez, director de gobernanza de ASJ. “Lo que vemos hoy no es nuevo, sino el resultado de años de permisividad política, institucional y judicial”.
Petición ciudadana: transparencia o colapso
La indignación social crece. Organizaciones de sociedad civil, la UNAH, gremios empresariales y líderes comunitarios han pedido la eliminación del fondo social, la judicialización de los casos en curso, y una intervención urgente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Ministerio Público.
En palabras del rector de la UNAH, Odir Fernández, “el fondo social es solo la punta del iceberg. El país necesita una sacudida ética, porque de lo contrario, nos espera un colapso institucional profundo”.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo. Las redes sociales hierven con denuncias, los medios exponen más nombres, y la credibilidad del oficialismo se desgasta aceleradamente.
Honduras parece atrapada en un ciclo que se repite: el uso de la pobreza como excusa para justificar el saqueo. Y detrás de ese ciclo, figuras históricas como Manuel Zelaya siguen apareciendo, ya no como gobernantes, sino como arquitectos de un modelo de corrupción que, 15 años después, sigue haciendo estragos.
Contribución: Unidad de Investigación– Tegucigalpa, Honduras.
Observatorio de Política Pública, UNAH / Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
