Tegucigalpa, Honduras – 16 de diciembre de 2025. En medio de una creciente tensión sociopolítica por el proceso electoral de noviembre, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, emitió una orden directa para la separación inmediata de cualquier funcionario policial involucrado en el desalojo de manifestantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en Tegucigalpa.
El pronunciamiento de Castro se produjo horas después de que agentes de la Policía Nacional intervinieran para despejar un bloqueo vial protagonizado por colectivos de Libre sobre el bulevar Fuerzas Armadas, una de las principales arterias de la capital. El operativo permitió la reapertura de la transitada vía, que permanecía cerrada por horas debido a las protestas.
Un giro en la gestión de seguridad
Según el boletín oficial, la presidenta Castro instruyó al general Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas, y al general Gustavo Sánchez, secretario de Seguridad, para identificar y separar a los policías que, presuntamente, actuaron con uso excesivo de la fuerza o sin la debida coordinación institucional. Además, exigió informes completos sobre las órdenes dadas durante la intervención.
“En mi gobierno no se reprime al pueblo”, afirmó Castro en su declaración pública, reiterando su compromiso con la paz, el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión. Según la mandataria, la protesta frente al INFOP era legítima y debía ser atendida con diálogo en lugar de confrontación.
Contexto de la protesta
Los colectivos simpatizantes de Libre han intensificado sus acciones en los últimos días, bloqueando carreteras y realizando manifestaciones en diversas zonas del país para exigir transparencia en el escrutinio electoral y para respaldar la postura del expresidente Manuel “Mel” Zelaya, coordinador general del partido, quien ha llamado a movilizaciones pacíficas frente al INFOP y otras sedes oficiales.
Estas movilizaciones se dan en un contexto donde la transmisión oficial de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido objeto de reclamos por parte de Libre y otros sectores opositores, quienes exigen la revisión voto por voto y acta por acta.
En varios puntos de la capital, los sindicatos y simpatizantes, con quema de llantas y colocación de barricadas, interrumpieron el tráfico y exigieron soluciones claras al proceso electoral, aunque —según varios medios— la mayor parte de las manifestaciones han transcurrido de forma mayoritariamente pacífica.
Críticas y perspectivas políticas
El accionar policial y la decisión presidencial han generado reacciones encontradas en la escena política. Por un lado, sectores del oficialismo respaldan la decisión de Castro de sancionar a los efectivos que actuaron sin autorización expresa. Por otro, figuras del Partido Nacional han denunciado que las acciones del expresidente Zelaya constituyen un intento de obstaculizar el escrutinio y avanzar hacia un posible «autogolpe», acusaciones que han escalado la polarización política en el país.
La presidenta Castro, que se aproxima al final de su mandato, ha reiterado en diversas ocasiones que su compromiso es con la estabilidad democrática y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Sin embargo, críticos señalan que las tensiones podrían prolongarse si no se alcanza un consenso entre las fuerzas políticas y electorales sobre el manejo del escrutinio y la certidumbre de los resultados oficiales.
Balance y futuro inmediato
Con la orden de despido inmediato a policías y la exigencia de ajustes en los protocolos de intervención, el gobierno busca calmar las aguas en un momento crítico para la institucionalidad hondureña. Las movilizaciones y las críticas cruzadas entre partidos reflejan un país en disputa por su rumbo político, en el que cada decisión del Ejecutivo y de los organismos de seguridad es observada bajo un foco de intensa escrutinio.
