marzo 3, 2026 – 08:22 a.m.
Tegucigalpa, Honduras
La comisión liquidadora designada por la Secretaría de Finanzas comenzó este martes el proceso de cancelación de alrededor de 1,900 empleados públicos como parte del decreto ejecutivo 004-2026, que ordena la disolución total de aproximadamente cinco instituciones estatales.
El miembro de la comisión, Leonel Núñez, confirmó que el equipo técnico ya inició las gestiones administrativas y legales para ejecutar las liquidaciones, asegurando que cada trabajador recibirá sus prestaciones conforme a la ley.
“Es muy importante determinar que, si bien es cierto, existe un número promedio de unos 1,900 empleados, realmente al momento que ya prácticamente empezamos a hacer este proceso de liquidación, hoy que nos vamos a personar en algunas instituciones que van a ser liquidadas, vamos a saber cuántos son los empleados que están ahí de manera por contrato, por acuerdo; sin embargo, siempre respetándole a cada uno sus derechos laborales”, expresó Núñez.
Verificación en campo y diagnóstico institucional
El abogado detalló que la comisión se dividirá en varios equipos para visitar las sedes de la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría de Vivienda y la Secretaría de Transparencia, con el objetivo de verificar en sitio el número real de colaboradores y el tipo de vínculo laboral que mantienen.
El proceso contempla una revisión exhaustiva de planillas, contratos, acuerdos y expedientes individuales para establecer con precisión el monto que el Estado deberá destinar al pago de cesantías y demás beneficios.
“Dentro del diagnóstico que se va a elaborar, que ya empezó a elaborarse, pues vamos a saber con certeza cuánto es el presupuesto para lo que son las cesantías de las personas que trabajan en estas instituciones”, puntualizó.
Según explicó Núñez, el diagnóstico institucional permitirá además determinar si existen inconsistencias administrativas o financieras que deban ser investigadas en el marco de la intervención.
Auditoría de salarios y posibles irregularidades
Como parte del proceso, la comisión también auditará los salarios, fechas de ingreso y pagos realizados recientemente, luego de que trascendiera que en enero algunos funcionarios se habrían “auto pagado” prestaciones de forma irregular.
El integrante de la comisión subrayó que cualquier anomalía detectada será documentada y remitida a las instancias correspondientes para las acciones legales pertinentes.
“Es necesario revisar cada caso, porque debemos garantizar que los recursos públicos se manejen con transparencia y conforme a derecho”, sostuvo.
Alcance del decreto 004-2026
El decreto ejecutivo establece la liquidación total de cinco instituciones, entre ellas Planificación Estratégica y Red Solidaria, en el marco de una reestructuración más amplia que suma 12 entidades intervenidas por el Gobierno.
De acuerdo con las autoridades, la medida busca optimizar el gasto público, eliminar duplicidades administrativas y depurar estructuras señaladas por ineficiencia o irregularidades en el manejo de fondos.
Núñez reiteró que todo el procedimiento se fundamenta en la Constitución de la República y en el Código del Trabajo, por lo que cada empleado tendrá garantizado el pago de sus derechos adquiridos.
“El compromiso es claro: cumplir con la ley y respetar las garantías laborales de cada ciudadano hondureño”, afirmó.
Incertidumbre entre empleados
Mientras tanto, entre los trabajadores afectados persiste la incertidumbre sobre los plazos de pago y el futuro laboral, ya que muchos dependían exclusivamente de su salario en las instituciones que ahora serán disueltas.
La comisión liquidadora no precisó una fecha exacta para concluir el proceso, pero aseguró que las visitas de verificación ya comenzaron y que en los próximos días se contará con cifras definitivas tanto del personal afectado como del impacto presupuestario de las cesantías.
Con esta medida, el Gobierno avanza en una de las reestructuraciones más significativas del aparato estatal en los últimos años, en medio de un debate nacional sobre la eficiencia del sector público y la necesidad de garantizar transparencia en el uso de los recursos.
