Tegucigalpa, Honduras. —
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, hizo un enérgico llamado a las autoridades del país para que se aplique por primera vez en la historia de Honduras la figura del juicio político, como un mecanismo legítimo de control democrático y rendición de cuentas.
“En el país, hasta hoy, nunca se ha aplicado un juicio político. Marcar este precedente es esencial para establecer que cualquier autoridad cuya conducta se aleje del interés público debe ser evaluada, siempre respetando sus garantías y derechos”, manifestó Castellanos, subrayando la necesidad de fortalecer la institucionalidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública.
La titular del CNA sostuvo que la ausencia de precedentes en la aplicación de esta herramienta constitucional ha contribuido a la percepción de impunidad frente a posibles abusos de poder o actuaciones contrarias a la ley. En ese sentido, reiteró que el juicio político no debe interpretarse como una persecución, sino como un procedimiento contemplado en la normativa nacional para deducir responsabilidades a altos funcionarios cuando existan méritos suficientes.
Castellanos explicó que establecer este precedente enviaría un mensaje claro a la ciudadanía: que nadie está por encima de la ley y que el servicio público implica un compromiso inquebrantable con el bienestar colectivo. “No se trata de vulnerar derechos ni de condenar anticipadamente, sino de garantizar que toda actuación pública sea examinada bajo el marco legal correspondiente”, enfatizó.
La directora del CNA recordó que el juicio político es una figura reconocida en sistemas democráticos para evaluar la conducta de funcionarios de alto rango, especialmente cuando se cuestiona su apego a la Constitución o al interés general. A su criterio, Honduras debe avanzar hacia una cultura de mayor fiscalización y responsabilidad, donde los mecanismos legales existentes sean utilizados cuando la situación lo amerite.
Asimismo, hizo un llamado a los poderes del Estado para actuar con madurez institucional y apego a derecho. “Respetar las garantías y los derechos de cualquier autoridad sometida a un proceso es tan importante como garantizar que exista un verdadero control sobre el ejercicio del poder”, afirmó.
Las declaraciones de Castellanos surgen en un contexto de creciente debate nacional sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Diversos sectores han coincidido en que fortalecer los mecanismos de supervisión es clave para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
Desde el CNA, Castellanos reiteró el compromiso de continuar vigilante ante cualquier indicio de irregularidad y de promover reformas que consoliden un sistema más justo y transparente. “El país necesita señales claras de que la ley se aplica sin distinción. El juicio político, aplicado correctamente y con respeto al debido proceso, puede convertirse en un punto de inflexión en la historia democrática de Honduras”, concluyó.
