Al considerar que existió una posible “obstaculización de justicia” en el manejo del caso que actualmente mantiene bajo atención pública al exfuncionario municipal.
Durante declaraciones brindadas a medios de comunicación en Tegucigalpa, Cálix manifestó que la reciente presentación de acusaciones contra Fúnez deja en evidencia que los obstáculos legales que impedían actuar judicialmente fueron finalmente removidos, por lo que cuestionó las razones que retrasaron el procedimiento de captura.
El congresista sostuvo que, desde su punto de vista, en este caso pudo haberse cometido una transgresión al Código Penal, particularmente por la demora en la ejecución de acciones judiciales contra el exedil. Sin embargo, aclaró que corresponde exclusivamente al Ministerio Público determinar responsabilidades y continuar con la persecución penal.
Cálix insistió en que las instituciones encargadas de impartir justicia deben actuar con transparencia y sin favoritismos, especialmente en casos que involucran a figuras políticas de relevancia nacional. Según indicó, la ciudadanía exige que la ley sea aplicada sin importar ideologías partidarias, posición económica o influencia pública.
El diputado remarcó que cualquier persona señalada por la comisión de delitos debe responder ante los tribunales competentes y enfrentar las consecuencias legales correspondientes. Añadió que el país necesita fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial mediante procesos claros y sin aparentes privilegios.
Mientras tanto, el exfiscal general de Honduras, Johel Zelaya, también reaccionó tras la detención de Adán Fúnez y rechazó categóricamente haber recibido o girado instrucciones para proteger a personas vinculadas al caso.
De igual manera, Zelaya reiteró que nunca actuó para favorecer a ninguna persona involucrada y negó haber recibido órdenes para proteger a terceros.
Las declaraciones tanto de Jorge Cálix como de Johel Zelaya se producen en medio de un ambiente de creciente presión pública para que las autoridades esclarezcan las circunstancias alrededor del caso de Adán Fúnez y determinen si existieron omisiones o retrasos injustificados en la aplicación de la justicia.
El caso continúa generando reacciones en distintos sectores políticos y sociales del país, especialmente por las implicaciones que podría tener sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de la investigación y persecución penal en Honduras.
