La aplicación y prolongación del estado de excepción en Honduras durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro continúa generando debate debido a las denuncias por presuntos abusos cometidos por fuerzas de seguridad del Estado.
De acuerdo con registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), durante los cuatro años en que el país permaneció bajo esta medida extraordinaria se contabilizaron 1,102 quejas ciudadanas relacionadas con supuestas violaciones a derechos y excesos atribuidos a cuerpos de seguridad.
Los datos reflejan preocupaciones sobre el impacto de la prolongación del estado de excepción, que fue renovado en más de 20 ocasiones consecutivas con el objetivo de combatir la criminalidad y fortalecer las acciones de seguridad pública.
Diversos sectores han señalado que la medida derivó en una creciente normalización de prácticas consideradas abusivas, mientras que organismos defensores de derechos humanos han insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
El Conadeh mantiene el seguimiento de las denuncias presentadas por la ciudadanía, al tiempo que el debate sobre los alcances y resultados del estado de excepción continúa vigente en el país.
