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Artículo de Opinión | Tiene razón Luis Zelaya

Por Edmundo Orellana

Tiene razón Luis Zelaya en colocar en primer lugar el pilar de la reconstrucción del estado de derecho y de la institucionalidad, en su Plan de Gobierno.

Sin instituciones fuertes, el Estado es presa fácil de la corrupción y demás modalidades del crimen organizado. Eso ocurrió en Honduras. Se convirtió en coto de caza particular de los criminales. Ciudades, cuyo esplendor se proyectaba más allá de las fronteras por su progreso, impulsado por el trabajo tesonero de sus habitantes, se convirtieron en cuarteles de los narcotraficantes y lavadores de activos. Centros de producción agropecuaria se transformaron en centros de producción y trasiego de la droga.

¿Por qué ocurrió esta metamorfosis? Por la debilidad de la Policía, del MP, del Poder Judicial y, por supuesto, por la complicidad de los políticos. La corrupción policial no tiene parangón con ningún otro caso conocido, ni siquiera en el extranjero, porque la depravación fue institucional, haciendo suyo un especial marco de antivalores, en el que, por décadas se formaron. El MP y el Poder Judicial, tienen su propia historia.

¿Y qué decir del TSE? Ciego y mudo, nunca se enteró del saqueo del IHSS ni de otras entidades, como Salud; tampoco de los multimillonarios cuyos únicos ingresos conocidos son los sueldos que devengan o devengaron como funcionarios públicos.

¿Alguien duda de esto? Recuerde por qué está la MACCIH en nuestro país. Algo ha cambiado. Por supuesto que sí. Pero no en la dirección correcta. Del caos, que sirvió de caldo de cultivo a todos esos vicios, pasamos al otro extremo. Al del control absoluto de las instituciones y al autoritarismo como modus operandi del gobierno.

La voluntad del gobernante sustituyó la ley. No hay capricho suyo que no sea satisfecho holgadamente por sus sirvientes. Se esmeran por la palmadita o el gesto de aprobación del gobernante por sus lacayunos servicios, sin importar que se desmembre su dignidad en cada humillación. Aviones comprados o rentados, aunque sea para una sola vez y por decenas de millones, helicópteros, leyes abusivas, impuestos confiscatorios, selectivas persecuciones fiscales y judiciales, intervenciones telefónicas sin autorización judicial y manejo, sin control alguno de presupuestos, a la sombra del “secreto de Estado”, entre otros abusos, son la prueba irrefutable del colapso del estado de derecho.

Una sola institución fortalecida es capaz de frenar estos excesos. Ejemplo de ello, es la fiscal de Guatemala, cuya reciedumbre, valor y prestigio, le impiden al presidente Morales preservar el sistema de impunidad, por lo que opta por plantear al Secretario de la ONU la absurda petición de remover al jefe de la CICIG, para evitar que lo investiguen por financiamiento ilícito a su campaña. Acostumbrado al ridículo en el escenario, cree poder hacerlo también en la Presidencia. Ahora resulta que el histrión está enfrentado al pueblo, que cansado de sus payasadas y al grito de “¡Iván se queda!”, acompaña a su Fiscal en el proceso criminal que le ha iniciado. Y es que allá no hay un rebaño, hay un pueblo. Sin duda, acompañará en su celda a Otto Pérez, a quien sustituyó por corrupto.

Fortalecer la institucionalidad permitirá, además, procesos eficientes y eficaces en los servicios públicos y programas de desarrollo, beneficiando, masiva y directamente, a los destinatarios, sin extravíos de recursos ni derroches. Aumentar los niveles de ejecución real en los programas y proyectos solo es posible si los procesos son fluidos, supervisados y, sobre todo, evaluados. La transparencia y la rendición de cuentas garantizan el uso correcto de los recursos.

El TSE, el MP, la PGR, el Poder Judicial y demás entidades, cuyas funciones requieren de méritos personales y profesionales, alcanzarán la excelencia si, además de tecnificar sus procesos y colocar en los cargos a quienes tienen los méritos requeridos, sus titulares se apegan a la ley en el ejercicio de sus funciones, sin temor a represalias de quienes gobiernen, dirijan los partidos u ostenten posiciones de poder fáctico.

Tiene razón, entonces, Luis Zelaya. Solo reconstruyendo el estado de derecho y su institucionalidad, se podrá estimular la dinámica de los procesos económicos, sociales y culturales, garantizando la estabilidad de las reglas que los regulan y protegiendo, equitativamente, los derechos de todos, sin importar su condición económica, social, política y cultural, pero considerando la diversidad de los mismos. En otras palabras, desarrollo humano con crecimiento económico.

“Oportunidad para todos; sin privilegio para nadie”, es la divisa que debe transformarse en principio rector del próximo gobierno, si queremos vivir en democracia, con procesos participativos e inclusivos, y con seguridad jurídica.

 

Fuente: Radio América