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Veto a Ley de Privación de Dominio fue justificado con argumentos propagandísticos

Por Edmundo Orellana

Luego de un somero análisis del veto, mis consideraciones sobre el mismo son las siguientes:

Que se sustenta en argumentos apoyados en instrumentos internacionales que invita a la persecución de bienes de origen ilícito, decomisándolos sin que haya condena previa (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción suscrita en Mérida en el año 2003), y después de una larga exposición de justificaciones por haber adoptado esta medida y de los supuestos logros obtenidos, admiten, al final, que la ley “debe adecuarse a los cambios y necesidades sociales”, sin precisar cómo estas circunstancias pueden cambiar la perspectiva sobre el status jurídico del bien de origen ilícito, recomendando que la armonización sea responsabilidad de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal.

Si la ley ha cumplido sus objetivos, responde a las convenciones suscritas y sigue la Ley Modelo de Extinción de Dominio, como medio eficaz para juzgar en estos casos, no tiene sentido sostener que “cambios y necesidades sociales” pueden incidir en la apreciación de la justicia en los mismos, porque el bien adquirido ilícitamente, se encuentra en condición irregular, cualquiera que sea la circunstancia social en la que se encuentre inserto, y, en consecuencia, n debe adquirir jamás status jurídico regular.

Lo expuesto para justificar el veto, más que justificaciones jurídicas son argumentos propagandísticos, encaminados a destacar los supuestos logros del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, lavado de activos y corrupción. De ahí, que la argumentación sea más en favor del gobierno que de la ley.

Finalmente, para fundamentar el veto no era necesario la narrativa que contiene (cuyo propósito, como se destaca en el número anterior, es evidente), bastaba señalar lo que indica al final el documento de veto: que no se escuchó a la Corte Suprema antes de aprobarlas, siendo que modifican códigos de la República, como manda el artículo 219, constitucional. Al no hacerlo, las reformas a la Ley de Privación de Dominio son inconstitucionales.