El Mundo de Ahora Tendencias

¿Opinión consultiva sobre el matrimonio igualitario? No es vinculante

Por Oswaldo Romero


La Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su opinión consultiva OC-24-17 sobre la consulta del Gobierno de Costa Rica, planteada el 18 de mayo 2016.

Dicha consulta versa sobre si el Estado debe reconocer “todos los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas de un mismo sexo”

Esa opinión fue emitida el 24 de noviembre de 2017 y notificada el 9 de enero del 2018 produjo protestas en Costa Rica.

La funsion consultiva que ejerció Costa Rica, se regula en el artículo 64 de la CADH, donde se indica que “los estados miembros de la organización podrán consultar a la corte acerca de interpretación de esta convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos”

La opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDR) incurrió en vicio de extra petita, por cuanto la consulta del Gobierno de Costa Rica fue únicamente sobre los derechos patrimoniales que se derivan de un vínculo entre personas de un mismo sexo, pero la corte fue más allá.

Esta entidad (CIDH) dispuso que “es necesario que los estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho a matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas de un mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales”

Resultado de imagen para imagenes de parejas del mismo sexo

La noticia ha sido objeto tanto de celebración como de repudio en distintos sectores, no solo de la sociedad de Costa Rica, país que solicito la opinión, sino de toda América Latina.

El debate no ha sido ajeno a los abogados, algunos de los cuales aseguran que “esa opinión consultiva no es obligatoria”.

Fabricio Alvarado ha dicho que se debe evaluar sacar a Costa Rica de la CIDH, a la que se acusa de violentar la soberanía del país por ordenar el reconocimiento de plenos derechos a las parejas del mismo sexo.

Para José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las américas de Human Rights Watch, dar un paso en esa dirección seria “un escándalo para Costa Rica, una pérdida de credibilidad”. Y agrego que ir en tal dirección seria “una practica propia de una dictadura, de tiranía del gobierno.

¿Es vinculante y de acatamiento inmediato dicha opinión?

¿Produce efectos jurídicos o deben los Estados de América Latina adoptar reformas legislativas o constitucionales?

Para el Defensor Social Juan Fidel Media, desde luego que es vinculante conforme al principio pro-persona, pues la máxima corte internacional lo ha sentado así, ya que se deben acatar los derechos humanos consagrados en los tratados y convenciones, incluso cualquier autoridad está obligada a conocer todos esos derechos humanos reconocidos y garantizados.

Para mayor aclaración les transcribo normas que dan sustento a lo que les menciono:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Toda la autoridad, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que lo establezca la ley.

Pero ¿es vinculante?

La opinión consultiva OC-24-17 no es una sentencia, por lo que no está sujeta a las potestades de ejecución de las mismas; dicho de otra manera, la CIDH no puede exigir que se ejecute o cumpla con dicha opinión.

La CADH no establece que las opiniones consultivas sean vinculantes u obligatorias, tampoco la CIDH ha indicado en su jurisprudencia que lo sean. La CIDH, no puede exigir, que se ejecute o cumpla con esa opinión.

En conclusión, la implementación de esta opinión deberá ir a la Sala Constitucional para la resolución correspondiente, hasta esperar reformas legales o constitucionales.