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Denuncias de narcotráfico podrían poner fin a ayuda de EE. UU. a presidente de Honduras

Análisis de InSight Crime

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Tras una acusación pública de que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aceptó dinero del narcotráfico para sus campañas políticas, Estados Unidos parece finalmente estar dando la espalda a su antiguo aliado.

En una demanda judicial, fiscales estadounidenses señalaron que Hernández participó en una conspiración para tráfico de drogas cuando a su primera candidatura presidencial, en el año 2013, presuntamente ingresaron US$1,5 millones. Las denuncias —reportadas inicialmente por Univisión— se dieron a conocer en documentos desclasificados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York el 3 de agosto en el caso contra el hermano del presidente Hernández, el excongresista Juan Antonio “Tony” Hernández, quien fue acusado por tráfico de estupefacientes en noviembre de 2018.

 

Según los documentos, el dinero utilizado para apoyar la campaña de Hernández procedía de Amílcar Alexander Ardón, un exalcalde que también enfrenta cargos de narcotráfico en Estados Unidos. Los fiscales no mencionan el nombre del presidente Hernández, sino que se refieren a él como CC-4, o co-conspirador 4, afirmando que fue elegido a finales de 2013.

Según los documentos, en el año 2013, durante su candidatura a la presidencia, Hernández le pidió a Ardón que apoyara su campaña mediante sobornos a políticos locales. También le advirtió a Ardón, quien entonces se desempeñaba como alcalde de El Paraíso, un municipio en la frontera entre Guatemala y Honduras, que no buscara la reelección porque él no podría seguir ofreciéndole protección, particularmente “dadas las presiones relacionadas con la extradición”.

Entonces Ardón “invirtió US$1,5 millones del narcotráfico” para apoyar la campaña presidencial de Hernández, pagando “sobornos en efectivo” y ofreciendo “regalos y favores” a políticos locales, como se lee en los documentos judiciales.

El presidente Hernández, Tony Hernández y otros altos funcionarios —entre ellos el expresidente Porfirio Lobo Sosa—, hicieron parte de una conspiración que utilizó el narcotráfico para “mantener y aumentar su poder político”, como concluyen los fiscales.

También acusan a Tony Hernández de organizar el asesinato de narcotraficantes rivales en al menos dos ocasiones. Los documentos de la corte se refieren a él como “un violento traficante de toneladas de drogas” que creía que “podría operar con total impunidad”.

Si bien el presidente Hernández no ha sido acusado de ningún crimen, respondió a las acusaciones de conspiración en una declaración ante la prensa, señalando que las afirmaciones que se están haciendo en su contra “son falsas” y provienen de “narcotraficantes que quieren vengarse”.

En el comunicado también se refiere a su “cercana y productiva relación” con el gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y llama la atención sobre la cantidad de traficantes que ha extraditado para que enfrenten cargos en Estados Unidos”.

Análisis de InSight Crime

El presidente Hernández ha sido presentado como un ejemplo para los aliados que se han dedicado al narcotráfico en Centroamérica. Esas revelaciones podrían poner fin a esa relación.

Y esto se veía venir.

Incluso antes de que el hermano del presidente, Tony Hernández, fuera acusado formalmente de narcotráfico, InSight Crime supo por medio de las autoridades que él era una persona de interés en un importante caso de conspiración para tráfico de drogas. Según los fiscales, al parecer Tony se benefició del cargo de su hermano y usó a la policía nacional para proteger los cargamentos de drogas, estampando sus iniciales en ladrillos que contenían cocaína y que fueron enviados a Estados Unidos.

Por su parte, Ardón tenía su propia historia como narcotraficante, la cual comenzó mucho antes de que Hernández lo aprovechara para obtener fondos para su campaña. Además, el hermano de Ardón, Hugo, dirigió el Fondo Vial, el organismo gubernamental encargado de administrar las carreteras, y asignó contratos a clanes como Los Cachiros, uno de los muchos grupos narcotraficantes hondureños que enfrentan cargos en Estados Unidos. En lugar de evitar inmiscuir a su familia, Hernández contrató a Hugo en 2013 para que lo ayudara en su campaña en la zona este del país. Poco después de las elecciones, los hermanos Ardón huyeron.

El presidente Hernández, sin embargo, siempre ha rechazado estos cargos, presentándose como un enemigo del narcotráfico y de las poderosas élites involucradas en él, principalmente a través de sus estrechos vínculos con Estados Unidos, y en particular por su disposición a restablecer la extradición.

Esa decisión pudo haber sido su ruina. Si bien los hermanos Ardón no fueron extraditados y al parecer organizaron sus detenciones como parte de un acuerdo de culpabilidad, muchos otros traficantes fueron capturados y extraditados. Esta oleada de traficantes permitió atar los cabos que finalmente llevaron a los fiscales estadounidenses a la conclusión a la que muchos hondureños ya habían llegado: que su presidente dirige un Estado mafioso.

Pero aquello tomó mucho tiempo, en parte porque Hernández es un político hábil, que se presentó a sí mismo como un aliado leal de Estados Unidos durante las administraciones del expresidente Barack Obama y del actual presidente Donald Trump. En marzo de 2015, Hernández se puso del lado del entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, después de las conversaciones en torno a un acuerdo para llevar ayuda a Centroamérica con el fin de detener la migración hacia Estados Unidos.

Hernández también fue cercano al exdirector del Comando Sur de Estados Unidos y al exjefe de Gabinete de la Casa Blanca durante la administración Trump, el general (r) John Kelly. Además, el Secretario de Estado Mike Pompeo se reunió con Hernández en junio de 2018, aunque Trump ha recortado la ayuda a Centroamérica para castigar a los países de la región por no impedir que sus ciudadanos sigan migrando hacia el norte.

Las más recientes acusaciones debilitan la relación de Estados Unidos con Honduras en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Es claro que a los fiscales no les tiembla la mano para señalar al presidente en el caso contra su hermano, y es muy probable que Hernández siga tomando esto como una afrenta personal.

Pero dado que la administración Trump ha demostrado ser más transaccional que política, las relaciones bilaterales quizá dependan ahora de la voluntad de Hernández de detener el flujo de migrantes, que es la prioridad principal del gobierno de Trump.

Esta no sería la primera vez que el presidente de Honduras ceda ante los deseos de Estados Unidos. Tras ser consultado por InSight Crime, un exfuncionario del Ejército de Honduras involucrado en investigaciones antidrogas dijo que la presión de la embajada de Estados Unidos era la única responsable de las detenciones de narcotraficantes y sus aliados con consentimiento de Hernández.

Queda claro ahora que las autoridades y los fiscales estadounidenses nunca creyeron completamente las negaciones del presidente Hernández. En el mes de junio se supo, gracias a unos documentos judiciales, que Hernández era objeto de una investigación que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) inició en 2013, pero las nuevas acusaciones van más allá, pues señalan que Hernández se benefició de la generosidad de los narcotraficantes para ser elegido.