Tegucigalpa, Honduras – 18 de febrero de 2026
Miles de ciudadanos, familias y empresas en todo el país tendrán la oportunidad de ponerse al día con sus obligaciones financieras tras la entrada en vigor de un amplio paquete de amnistías aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional y publicado el pasado 13 de febrero en el Diario Oficial La Gaceta.
La medida, respaldada por el Poder Legislativo el 3 de febrero, busca ofrecer un alivio económico significativo a los contribuyentes con deudas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2025, al tiempo que pretende incentivar el cumplimiento voluntario y dinamizar la recaudación pública en medio de un contexto económico complejo.
Pago exclusivo del capital adeudado
El decreto establece que los contribuyentes podrán cancelar sus obligaciones pendientes pagando únicamente el monto principal de la deuda, sin multas, intereses ni recargos por mora administrativa o judicial. Esto representa un alivio directo para quienes, debido a la situación económica, no habían podido regularizar su situación financiera.
Las autoridades han señalado que la iniciativa no solo busca beneficiar a la población, sino también recuperar recursos para el Estado mediante mecanismos más accesibles y realistas para los deudores.
Servicios básicos y tributos municipales
Entre los principales beneficiarios se encuentran los usuarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), las alcaldías municipales, la HONDUTEL y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).
En estos casos, los abonados podrán saldar sus cuentas pendientes pagando únicamente el consumo o tributo neto, quedando eliminados los recargos generados por mora. La disposición aplica tanto a deudas administrativas como judicializadas, lo que amplía el alcance del beneficio.
Funcionarios municipales han destacado que esta amnistía permitirá depurar carteras morosas y mejorar la capacidad de inversión local, especialmente en municipios que enfrentan limitaciones presupuestarias.
Tasa vehicular e impuestos municipales
El decreto también contempla la condonación de multas, intereses y recargos en el pago de la matrícula vehicular, tasas registrales y otros impuestos municipales en todo el territorio nacional.
Una de las disposiciones que ha generado mayor expectativa es la autorización excepcional para la importación, nacionalización y registro de vehículos procedentes del extranjero sin restricción por año de fabricación.
En el caso específico de vehículos modelo 2010 o anteriores, se establece un pago único de 10,000 lempiras, que incluye la matrícula correspondiente al año 2026. Esta medida busca facilitar la regularización del parque vehicular y ampliar la base tributaria, permitiendo que unidades que antes no podían ser registradas ingresen formalmente al sistema.
El Instituto de la Propiedad será una de las instituciones encargadas de aplicar los beneficios relacionados con el registro vehicular y tasas registrales.
Regularización aduanera y migratoria
En el ámbito aduanero, el decreto faculta a la Administración Aduanera de Honduras a implementar mecanismos especiales para el registro y regularización de vehículos importados bajo condiciones excepcionales, lo que podría traducirse en un incremento en la formalización de bienes que actualmente permanecen en situación irregular.
En materia migratoria, la amnistía contempla la suspensión temporal de sanciones económicas a personas extranjeras en tránsito irregular, siempre que procedan a su registro biométrico y regularización ante el Instituto Nacional de Migración.
Este componente de la amnistía migratoria se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 en varios de sus apartados, brindando un margen amplio para que quienes se encuentren en situación irregular puedan normalizar su estatus sin enfrentar penalidades económicas inmediatas.
Plazos y advertencias
Las autoridades competentes —alcaldías, ENEE, Instituto de la Propiedad, Aduanas y el Instituto Nacional de Migración— han enfatizado que la vigencia de los beneficios es limitada.
En la mayoría de los casos, los contribuyentes disponen de un plazo general de tres meses a partir de la publicación del decreto en La Gaceta para efectuar los pagos o suscribir convenios de arreglo de pago. Vencido ese período, las multas y recargos volverán a aplicarse conforme a la normativa vigente.
Alivio económico y fortalecimiento fiscal
El gobierno sostiene que la amnistía representa un equilibrio entre el alivio a la población y la necesidad de fortalecer las finanzas públicas. Al eliminar los recargos y facilitar el pago del capital, se espera que más ciudadanos opten por regularizar su situación, lo que permitiría incrementar los ingresos sin recurrir a nuevas cargas tributarias.
Economistas consultados señalan que este tipo de medidas pueden tener un impacto positivo a corto plazo en la recaudación, siempre que vayan acompañadas de controles y estrategias de fiscalización que eviten la cultura de esperar futuras amnistías para cumplir con las obligaciones.
Mientras tanto, miles de hondureños ven en esta disposición una oportunidad para comenzar de nuevo en materia financiera, ponerse al día con el Estado y recuperar su historial crediticio y administrativo, en un contexto marcado por desafíos económicos y presión sobre los ingresos familiares.
