El nuevo reglamento sobre cemento no busca impedir la importación del producto en Honduras, sino garantizar estándares mínimos de calidad y seguridad en el mercado nacional.
Las declaraciones surgen tras la entrada en vigencia del Acuerdo Ministerial 027-2026, el cual establece requisitos técnicos, controles de laboratorio, etiquetado y registros obligatorios para productores, importadores y distribuidores de cemento. Según Larios, las disposiciones están basadas en normas internacionales ASTM y pretenden proteger a los consumidores y asegurar la durabilidad de las obras de construcción.
El representante de la CHICO rechazó las versiones que advierten sobre una supuesta prohibición a las importaciones o incrementos desmedidos en el precio del cemento, afirmando que únicamente se exige el cumplimiento de regulaciones técnicas ya establecidas. Además, señaló que el proceso de elaboración del reglamento contó con la participación abierta de distintos sectores vinculados a la industria.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, defendió las nuevas medidas y afirmó que el Gobierno prioriza la seguridad y la calidad de los materiales utilizados en proyectos de infraestructura y vivienda.
Mientras tanto, algunos empresarios, ingenieros y transportistas han expresado preocupación por el impacto que podría tener la normativa sobre la competencia y los costos del sector construcción, generando protestas y debate público en diferentes regiones del país.
