TEGUCIGALPA.- Una nueva investigación ha revelado que unos 30 millones de lempiras fueron robados del Programa de Asignación Familiar (Praf) mediante fraccionamientos de contratos a sociedades afines con el objetivo de evadir la Ley de Contratación del Estado, además de claras sobrevaloraciones de servicios de capacitación.
De acuerdo a la investigación presentada en el Ministerio Público, fue durante los años 2010 y 2014, cuando Porfirio Lobo Sosa era el presidente de Honduras, que se cometió el masivo desfalco.
No se revelan nombres, pero se explica que funcionarios que integraron el comité de selección y adjudicación de ofertas del Praf destinaron de forma irregular millonarios recursos estatales para la contratación de asociaciones civiles y sociedades mercantiles para capacitaciones dirigidas a jóvenes y mujeres que vivían en situaciones de pobreza.
El dinero lo sangraban estos funcionarios contraviniendo todo el propósito del Programa de Asignación Familiar, afectando a cientos de familias que viven en situaciones de extrema pobreza y que nunca recibieron la asistencia debida.
«Prácticamente hubo un saqueo indiscriminado de los fondos de la institución a través de contratos amañados», se lee en los documentos de la investigación.
En una primera línea de investigación se detectó una sobrevaloración de 17.4 millones de lempiras y en una segunda un monto de 12.5 millones de lempiras, para totalizar un perjuicio económico de 29.9 millones de lempiras.
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