El Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado que dirige el secretario, Antony Blinken, publicó ayer el Informe Anual de Derechos Humanos 2022, en el que abarca el capítulo de: Informes de países sobre prácticas de derechos humanos: Honduras, en el que destaca el desarrollo del país en la materia, señalando que ha habido una «impunidad generalizada».
En el documento de 26 páginas sobre los derechos humanos en Honduras, indican la llegada al poder de la actual Presidenta Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación (Libre) y las reseñas de los observadores internacionales del proceso electoral, «generalmente reconocieron las elecciones como libres y justas», dijeron.
Sobre el tema de la seguridad nacional, el informe señala que “las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos».
«Las cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes fidedignos de: ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; torturas y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del Estado; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales…”.
AMENAZAS CRIMINALES
Asimismo, menciona el “arresto o detención arbitrarios; serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios, incluidas las amenazas a los miembros de los medios por parte de elementos criminales”.
Se señala a su vez “corrupción gubernamental grave, falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género y delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes, y contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersex».
También expresa que el gobierno procesó a algunos funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en corrupción, «pero un sistema judicial débil y la corrupción fueron obstáculos importantes para obtener condenas».
El informe de DD. HH. del Departamento de EE. UU. del año 2022 señala que en Honduras “la impunidad fue generalizada”.
Se detalla que «los grupos delictivos, incluidas las bandas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron perpetradores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, intimidación y otras amenazas y violencia dirigidas contra defensores de derechos humanos, autoridades judiciales y abogados, miembros de la comunidad empresarial, periodistas, blogueros, mujeres y otras poblaciones vulnerables”.
ASESINATOS Y TORTURAS
En la sección del respeto a la integridad de la persona / privación arbitraria de la vida y otros homicidios ilícitos o por motivos políticos, el gobierno de EE. UU. dijo que «hubo varios informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales». El informe destaca varios asesinatos de alto impacto.
Sobre desaparecidos en Honduras, el Departamento de Estado señaló que «no hubo informes creíbles de desapariciones por parte de las autoridades gubernamentales o en su nombre».
En el capítulo de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y otros abusos relacionados, el informe señala que «aunque la ley prohíbe tales prácticas, funcionarios del gobierno recibieron denuncias e investigaron presuntos abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en las calles y en los centros de detención».
«Conadeh reportó 31 casos de presunta tortura o tratos crueles e inhumanos por parte de las fuerzas de seguridad hasta agosto, mientras que el Ministerio Público recibió 10 informes de este tipo hasta julio. El Conaprev recibió 28 denuncias de uso de tortura o tratos crueles e inhumanos hasta septiembre», agregaron.
Funcionarios continuaron las prácticas corruptas
En la sección de Corrupción y Falta de Transparencia en el Gobierno, el Departamento de Estado señala que en Honduras la ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, «pero las autoridades no implementaron la ley de manera efectiva y los funcionarios continuaron incurriendo en prácticas corruptas con impunidad. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental».
«El 2 de febrero, el Congreso Nacional aprobó una ley de amnistía retroactiva que absolvió de delitos a los funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno de Zelaya (2006-09). Hasta octubre, al menos 24 acusados utilizaron la ley para que se desestimaran los casos de corrupción», dijeron.
Además, agregan en el informe que el 1 de marzo, el Congreso Nacional derogó la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, mejor conocida como Ley de Secretos. «La sociedad civil había criticado la ley por limitar la transparencia y permitir que los funcionarios utilizaran la clasificación de documentos para ocultar la corrupción».
