En el Informe Situacional de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos 2022, “Honduras; Defensoras y Defensores en Riesgo y Sin Protección” de ACI Participa, dieron a conocer la necesidad de tomar decisiones serias en temas de fortalecimiento de Derechos Humanos.
El informe contiene registros de violaciones de los derechos de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022.
El propósito del informe es ofrecer una visión general de la situación de los derechos humanos en el país, centrado en las violaciones de los mismos Derechos Humanos, en respuesta a manifestaciones populares de inconformidad por el atropello de los derechos de las poblaciones.
“El gobierno debe demostrar que realiza acciones relevantes para resolver esos problemas a fin de que la población le otorgue el margen temporal que requiere para cumplir sus promesas, el pueblo ya no quiere ir a los voceros del gobierno hablar de los culpables del caos, quiere acciones serias que ataquen los problemas”, destaca el informe.
Además, detallan que, la cantidad de homicidios intencionados, con 3,435 muertes violentas al cierre del 2022 y con una tasa de 37 homicidios por cada 100 mil habitantes es seis veces mayor que el promedio mundial que es de 6.2.
Un total de 50 masacres con más de dos víctimas en un solo hecho, dejaron más de 180 muertes violentas, incluido un hijo de un expresidente de Honduras.
Un total de 302 mujeres fueron asesinadas en condiciones violentas durante el período, situación que, impacta en la conciencia de la población y justifica la sensación de inseguridad permanente en ella.
El gobierno decretó en el mes de diciembre el estado de excepción en diferentes ciudades del país, situación que se ha extendido en tiempo y lugares. a pesar de que no hubo resultados notorios, pues la comisión de tales delitos continúa con o sin estado de excepción. El gobierno está obligado a encontrar estrategias para atacar las raíces del problema, describe el informe.
“El gobierno debe implementar políticas de generación de empleos dignos, no mediante la exoneración de impuestos y otras dispensas fiscales, sino, a través de la garantía de la inversión mediante la estructuración de un verdadero Estado de Derecho”.
El documento, concluye que, el contexto de país sigue siendo desfavorable a pesar de las esperanzas puestas en las instituciones garantes y la nueva administración, las cifras de los asesinatos son alarmantes, más las persecuciones y criminalizaciones, sumado a esto, la falta de resolución de causas pendientes en los tribunales de justicia.
