viernes, julio 19, 2024

Gobierno ordena que policías se infiltren en las manifestaciones. Ver vídeo

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La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), utilizará agentes infiltrados para identificar a los responsables de movilizaciones en Honduras, anunció este jueves la Secretaría de Seguridad.

«Ha llegado el momento en el cual tenemos que hacer uso de nuestros efectivos vestidos de civil (…) para identificar a cualquier amenaza que haya en contra de la ciudad del pueblo hondureño», señaló el director de Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid.

El funcionario policial explicó que la determinación deriva de un agotamiento de la Secretaría de Seguridad hacia las movilizaciones que se registran en el país y que violentan los derechos de los demás.

«Manifestación(es) que venga y que limite el acceso vial en los ejes carreteros de cualquier lugar del país», detalló Martínez Madrid.

El anuncio se genera un día después de que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, ordenara a su secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, una investigación destinada a deducir responsabilidades a promotores u organizadores de la movilización del 9 de mayo en Choluteca, Choluteca, sur de Honduras.

Protestas en el sur de Honduras
Miles de personas salieron a protestar contra la propuesta Ley de Justicia Tributaria, que busca eliminar 14 regímenes de exoneración fiscal y evitar abusos, según el planteamiento del Gobierno, pero que, a criterio del sector privado, desincentivará la inversión y reducirá la generación de empleos.

Solo en el sur, una de las regiones productivas del país, las cámaras empresariales e industriales estiman la pérdida de 200 mil empleos directos.

Los trabajadores, con temor ante lo que aseguran sus patronos, protestaron con pancartas que consignaban «sí al trabajo» y «votar por Ley Tributaria es empobrecer a nuestro pueblo».

Sin embargo, en Casa Presidencial las movilizaciones no causaron gracia y desde el Gobierno se insinuó que la empresa privada obligó a sus trabajadores y financió las movilizaciones, a las que calificó como «anárquicas».

Los señalamientos de Castro han sido refutados este jueves por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Cámara de Comercio e Industrias del Sur (CCISur).

«La empresa privada no está financiando marchas, no está financiando ninguna campaña relacionada con el desprestigio, con la desinformación o manipulación de la información sobre la Ley de Justicia Tributaria», indicó el jefe de Asesoría Legal del Cohep, Gustavo Solórzano.

Las reformas tributarias, contenidas en el anteproyecto de Ley de Justicia Tributaria -que se socializa en el Congreso Nacional desde el lunes- generan crispación entre los sectores productivos y el Gobierno hondureño.

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