El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), dejó en claro que la Constitución y el Pacto de San José protegen los derechos humanos.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) señaló que el gobierno pretende coartar los derechos humanos y las garantías constitucionales al ordenar que se investigue una marcha pacífica ocurrida la semana pasada en Choluteca, contra el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria.
Por medio de su cuenta de redes sociales, el CNA consideró como amenaza la orden del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) de investigar y castigar a quienes financien la manifestación.
De esta forma, el CNA indicó que la decisión pone en peligro las garantías constitucionales y los derechos humanos establecidos en la Constitución de la República y el Pacto de San José.
El organismo citó que la manifestación pacífica ejercida por la ciudadanía es un derecho establecido en los artículos 70, 78, 79, 81 y 89 de la Constitución de la República.
Igualmente, apuntó que la libertad de la sociedad para reunirse, desplazarse y expresarse libremente está fundamentada en los artículos 13, 15, 16 y 22 del Pacto de San José.
Con todo, el CNA aclaró que el gobierno puede criminalizar la protesta en base al Código Penal siempre que provoquen un estado de terror entre la población o impidan las funciones de los poderes del Estado mediante violencia, intimidación o fuerza.
El organismo puntualizó que el derecho a la manifestación pacífica no puede ser abolido o disminuido mediante “acciones injustificadas” que emerjan del uso autoritario del poder.
