Por: Juan Ramón Martínez
La crisis creada por la emisión de la ley de supuesta justicia tributaria, pone en evidencia las falencias y debilidades de la sociedad, y la ignorancia oceánica de ciertas élites. Resaltando, las visiones autoritarias de Libre y del gobierno que dirige Manuel Zelaya. Que, si no se corrigen, pueden llevarnos de la pelea callejera, al golpe de Estado; o, a la guerra civil.
Es obvio que los ideólogos de Libre no manejan categorías democráticas. Y que, sus visiones están dañadas por consideraciones alejadas de la verdad. Expresión de una maldición inmerecida; y que, afecta a todos los marxistas de América Latina que, además de su incompetencia para gobernar, tienen debilidad por la irracionalidad de la conducción política, el dominio de los sentimientos y el rechazo de la evaluación de resultados. La primera de ellas es que, se equivocan cuando colocan al gobierno -o el Estado como lo hacen otros- por encima de la sociedad. Históricamente está demostrado que, primero fue la sociedad. Y después, surgió el gobierno. Y que este, tiene un carácter instrumental, puesto que su justificación radica en la función de asegurar garantías y seguridades, para que los particulares, deponiendo el poder original suyo, dejan, además, sus diferencias en manos de jueces que forman parte del Estado. Estas tesis están respaldadas por Hobbes, Rouseau, Spinoza, Hegel y Marx. Este último incluso, llega a sostener que la capacidad legislativa del Estado, es el resultado de los intereses de la clase dominante, lo que confirma el carácter instrumental de la estructura del Ejecutivo. Pero en el sistema democrático y su sustento, las tesis individualistas liberales, proclaman la necesidad de volver racional
En la visión liberal, el gobierno solo es el ejecutor de la voluntad, fruto de la discusión y la deliberación, en un clima de tolerancia, que termina en pacto que, transformada en ley, constituye nueva regla para lograr resultados favorables a la colectividad humana. Es decir que la democracia es discusión y deliberación que termina en un acuerdo, cada vez, más inteligente y deliberado que asegura el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la colectividad humana. De modo que, dentro de esta concepción, imaginar que el gobierno impone las reglas, porque es el ente superior, que, además, está por encima de la voluntad popular, constituye un anatema a los conceptos teóricos de la superioridad de la sociedad y la voluntad de sus integrantes que quieren paz, evitando que les nieguen sus libertades.
El centro de la sociedad no es el gobierno, sino que el individuo y la comunidad humana. La iniciativa individual o grupal, en términos económicos, garantizan la producción de bienes y servicios. Y la producción y generalización de ideas y acuerdos, por parte de las comunidades partidarias o grupos culturales, aseguran propuestas imaginativas que convenientemente discutidas y concertadas, facilitan el crecimiento de la institucionalidad de la sociedad. Tanto la iniciativa económica como la política, no se producen para beneficio del gobierno. Este es una entidad de servicio legítimo, porque al garantizar seguridad, hace posible las dos expresiones ciudadanas citadas. A cambio, la sociedad sostiene al gobierno, mediante el financiamiento de una burocracia que está al servicio de la sociedad. Y lo hace por medio del pago de tasas, contribuciones, servicios o impuestos. Al principio no existía el Impuesto de la Renta. El gobierno se sostenía con ingresos aduanales y derechos de exportación. Después, se agregaron los monopolios o manejo de actividades económicas estancadas: tabaco, pólvora y alcoholes. Posteriormente, se han orientado los fondos para el sostenimiento del gobierno en el impuesto al consumo y en la renta de las personas y las empresas. Que, por cierto, reciben estímulos para efectuar actividades productivas que dentro de la estrategia de desarrollo se consideran útiles. O reclamen las exigencias del comercio internacional. En lo individual, pagar impuestos da, legitimidad.
De modo que, en teoría democrática, los impuestos no son acciones arbitrarias del gobierno, sino que expresiones de la voluntad popular, mediante decisiones legislativas legítimas. A cambio, el gobierno cumple sus deberes. Porque la finalidad de la vida republicana no es fortalecer el gobierno per se, sino que asegurar su capacidad de servicio, bajo la vigilancia de la sociedad. Desprestigiar a los empresarios, limitar los derechos ciudadanos, no tienen justificación alguna dentro de la filosofía democrática. Son expresiones autoritarias que debemos rechazar en forma absolutas, todos.
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