POR UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE VENEZUELA
En la actualidad, grupos criminales y actores estatales corruptos se unieron para formar un Estado híbrido que combina la gobernanza con la criminalidad, y donde los grupos armados ilegales actúan al servicio del Estado, mientras que en su interior se conforman redes criminales.
Los grupos armados no estatales adversarios se enfrentan o compiten directamente con el Estado debido a que tienen objetivos criminales o políticos divergentes. Pueden atacar o enfrentarse al Estado, el Estado puede perseguir activamente al grupo, o el grupo puede tratar de evitar por completo los enfrentamientos con el Estado.
Los grupos armados híbridos son organizaciones cuya cooperación y coordinación con elementos del Estado es sistemática y constituye una característica esencial de sus operaciones. Sus intereses y objetivos, ya sean políticos, económicos o estratégicos, se han entrelazado con una o varias ramas del Estado a nivel local, regional y/o nacional. Estos grupos coordinan habitualmente acciones y estrategias con sus aliados estatales, y se puede presentar cierto nivel de integración de personal, recursos y operaciones.
Los grupos incrustados en el Estado son redes delictivas cuyos principales líderes y miembros principales ocupan cargos dentro del Estado. Pueden aprovechar esta posición para obtener beneficios ilícitos, o pueden actuar ilegalmente para promover los fines y objetivos de sus posiciones estatales. En sus funciones delictivas paralelas se organizan para llevar a cabo, controlar, o explotar de manera sistemática actividades ilegales, bien sea de forma independiente o en cooperación con actores no estatales o híbridos.
Los primeros grupos definidamente híbridos de Venezuela se conformaron a comienzos de la década del 2000 con un fin primordial: mantener a Chávez en el poder.
Empezó con los colectivos, término aplicado a las organizaciones políticas de base que abarcaban el espectro desde militantes armados y subversivos hasta organizaciones sociales y culturales que atendían comunidades desprotegidas.
“Estos grupos pasaron de ser ideológicos a recibir entrenamiento militar”, comentó un exgeneral del Ejército, quien habló con InSight Crime bajo reserva de su identidad. “Cuando uno ve que la amenaza interna para el gobierno venía de la oposición política, entonces uno entiende que los estaban entrenando para combatir a la oposición”.
El ascenso de estos grupos armados híbridos en Venezuela se vio igualado por la proliferación de redes criminales insertadas en el Estado, una tendencia motivada por la misma lógica: proteger el poder de Chávez.
Al mismo tiempo se vivía una escalada de las tasas de homicidios y los delitos predatorios, que le valieron a Venezuela la deshonrosa distinción como uno de los países más violentos del mundo. La violencia afectó especialmente las zonas urbanas desfavorecidas, y, de manera más espectacular, los centros penitenciarios, donde las denuncias de bandas carcelarias armadas con armas semiautomáticas enfrentándose entre ellas, y con los guardias, sacudieron el mundo.
Esta vez, la solución que buscó el gobierno fue una forma de gobernanza híbrida, que usaba el crimen organizado para imponer orden en el caos.
Maduro y el nuevo Estado híbrido
Bajo el régimen de Nicolás Maduro, el rol de los grupos armados híbridos existentes comenzó a evolucionar y extenderse, mientras que se presentaron nuevas oportunidades a grupos que antes fueron antagonistas o cooperadores de asegurar ventajas convirtiéndose en híbridos.
Cuando creció la oposición al nuevo gobierno, los colectivos se transformaron en grupos de choque chavistas desplegados para reprimir con violencia las protestas populares masivas que se extendían por todo el país.
InSight Crime ha recopilado evidencia que muestra que tanto los colectivos como las guerrillas se han coordinado directamente con las fuerzas de seguridad para atacar a enemigos y rivales comunes, incluso llevando a cabo operativos conjuntos lado a lado.
“[Durante las protestas contra Maduro] era difícil saber quién hacía estas cosas, quién asesinaba, porque las fuerzas de seguridad y los colectivos trabajaban hombro a hombro, y los colectivos tenían uniformes del Ejército”, comentó un funcionario municipal del estado de Lara, quien pidió que se mantuviera su anonimato por temor a represalias.
En épocas de elecciones, también había despliegues de colectivos y guerrillas, que en ocasiones usaban una combinación de coerción violenta y sobornos para movilizar, controlar, o suprimir a los votantes en las zonas donde ellos tenían presencia, siempre a favor del gobierno de Maduro.
Aunque los observadores internacionales regresaron al país para las elecciones locales y regionales de 2021, la interferencia de los híbridos era evidente, en especial en rincones alejados, donde llegaban pocos observadores, como las zonas rurales del estado de Táchira, plagado de guerrillas.
“[El ELN] llegaba a los centros de votación y se estacionaban en las puertas y no dejaban pasar a nadie que dijera que no iba a votar por los candidatos del gobierno”, comentó un funcionario local del municipio del Táchira, Seboruco. “Y en el caso de Los Ríos, que es su epicentro, retiraron a los testigos electorales y encerraron a los trabajadores de los puestos en los centros [durante la votación]”.
Pero las funciones de los grupos armados híbridos no se han limitado a la represión política. Y la nueva generación de híbridos no son apenas simpatizantes en el plano ideológico, también hay grupos criminales sin interés en la política más allá del provecho particular.
El gobierno de Maduro, al borde de la bancarrota, solo puede pagar salarios de hambre a las fuerzas de seguridad cuya lealtad es necesaria para mantenerlo en el poder. Y las ganancias de la corrupción, que se usaron para comprar la lealtad de aliados políticos y de la cúpula de la seguridad, se han agotado.
El Estado híbrido ofreció soluciones al permitir que las redes criminales insertadas en el Estado trabajaran con los grupos armados en las economías criminales, y al dar vía libre al surgimiento de nuevas formas de economías híbridas, donde bienes y recursos legales controlados por el Estado se solapan con las cadenas de suministro de la delincuencia.
Las economías criminales tradicionales, como el narcotráfico, son controladas mediante modelos cooperativos por redes criminales insertadas en el Estado y sus cómplices criminales. Las ganancias se dividen con los actores estatales, o se les entrega una parte, para garantizar la protección y facilitar las operaciones.
Actores estatales y grupos criminales se lucran de estas nuevas economías híbridas, como el tráfico de chatarra, los mercados negros, el contrabando de mercancía y el de gasolina.
“No queda ningún oficial [del Ejército], porque los que tenían una pizca de dignidad se fueron, y los que quedan solo están esperando su turno para golpear la piñata”, comentó un oficial retirado del Ejército, que habló con InSight Crime bajo la condición de anonimato. “Todas las fuerzas de seguridad son mercenarios actualmente”.
