Un empleado y un empresario del transporte interurbano fueron ultimados a balazos en diferentes asaltos acontecidos la mañana de ayer, uno en Cofradía, Cortés y otro en Marale, Francisco Morazán.
El primer crimen fue contra un ayudante de autobús identificado solo como “El Apóstol”, en el sector El Palmar de Cofradía, en el trayecto de la zona la norte de Honduras hacia el occidente.
La víctima laboraba en la empresa de transporte “Copanecos”, que cubre la ruta San Pedro Sula-Santa Rosa de Copán y viceversa. Se informó que en horas de la mañana subieron asaltantes a la unidad y el ayudante de inmediato trató de impedir el delito, sin embargo, recibió tres disparos que le quitaron la vida.
“El Apóstol” residía en la colonia Brisas del Valle, muy cerca de donde aconteció el homicidio. Los criminales abordaron el bus en el sector de La Lempira a pocos metros de la terminal. Las detonaciones provocaron el pánico entre pasajeros que salieron despavoridos en busca de un lugar seguro.
Trascendió que el joven ayudante había sobrevivido de milagro a un reciente atentado criminal.
En un segundo hecho violento casi a esa misma hora, pero en Marale, extremo norte de Francisco Morazán, delincuentes armados también mataron a Ever Barahona (42), propietario de la empresa “Nahomy” que cubre la ruta hacia San Pedro Sula y también con recorridos a Tegucigalpa.
La acción criminal se registró cuando uno de los autobuses de esa empresa transitaba por el puente sobre el río Siguapa entre Marale y Sulaco Yoro. Barahona era originario de Yoculateca, San Ignacio, pero había establecido su domicilio en Marale.
Barahona fue bajado de la unidad por hombres armados que le ordenaron tenderse boca abajo contra la grama de una calzada, donde le impactaron sin misericordia los balazos en la parte posterior del cuerpo, especialmente en la cabeza.
Miembros de la familia doliente demandaron justicia y que el crimen no quede en la impunidad. La muerte se les atribuye a supuestos extorsionadores que operan en ese corredor, donde exigen fuertes sumas de dinero a los transportistas.
Un promedio de 10 personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).
DATOS
Un promedio de 50 transportistas, entre cobradores, despachadores, motoristas de buses, taxis y de mototaxis, han perdido la vida de manera violenta a nivel nacional, según registros del sector, pese al estado de excepción implementado en Honduras desde el 6 de diciembre del año pasado.
Urge política integral contra la criminalidad
La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, recomendó a las autoridades hondureñas adoptar una política integral que ofrezca soluciones duraderas y estructurales a la problemática de la violencia.
Es necesario que las autoridades hondureñas tomen decisiones excepcionales, enmarcadas en el respeto de los derechos humanos, para controlar las manifestaciones de violencia, extorsiones y las muertes múltiples, que dejan luto y dolor en miles de familias hondureñas, expresó.
Indicó que, para atender las causas de la violencia delincuencial, que afectan a las personas a nivel nacional, se deben tomar medidas encaminadas a combatir la pobreza, la corrupción, la impunidad, la discriminación y abrir nuevas oportunidades de empleo para que la población viva dignamente.
POR AMENAZAS DE MUERTE
Crece migración a EE. UU., de conductores y cobradores
Miles de operadores y empresarios del rubro del transporte han tenido que abandonar Honduras por amenazas de parte de grupos criminales, lamentó el dirigente transportista, Marvin Galo.
“Empleados y empresarios del transporte han tenido que abandonar el país por amenazas contra sus vidas derivadas de grupos criminales que se dedican a la extorsión”, señaló.
Muchos de estos empleados y dirigentes permanecen asilados en Estados Unidos y otros países de la región.
Galo subrayó que esta problemática no ocurre desde este o el año pasado, es algo que enfrentan desde hace más de una década debido a la práctica inacción de los cuerpos de seguridad para acabar con el flagelo.
El transporte público en el Distrito Central y San Pedro Sula paga más de 250 millones de lempiras por el mal llamado “impuesto de guerra”, una tarifa que exigen los grupos criminales para que ellos puedan operar sin problemas.
Por su parte, el empresario Gerardo Aguilar aceptó que hay extorsionadores de todos los niveles desde un ayudante, un motorista y hasta un dirigente.
Un total de 31 transportistas han muerto de forma violenta en lo que va del año 2023, de acuerdo a datos oficiales. Marvin Galo amplió que, del 100 por ciento de los casos vinculados a la extorsión, el 90 por ciento no han sido judicializados.
