Por: Rodolfo Dumas Castillo
En la historia económica reciente de Honduras, pocas medidas han resultado tan regresivas y distorsionantes como la Ley de Seguridad Poblacional, popularmente conocida como el “Tasón”. Lo que en 2011 se presentó como una solución temporal para combatir la inseguridad terminó convirtiéndose, tal como lo advertimos en aquel momento, en un gravamen permanente que afecta la intermediación financiera, castiga el ahorro y erosiona la competitividad del país. Hoy, frente a una coyuntura económica compleja, la permanencia de este abusivo tributo no solo resulta técnicamente cuestionable, sino también políticamente incoherente, especialmente cuando su derogación fue un compromiso explícito para desmontar prácticas asociadas con la impunidad y el abuso de poder.
Desde su concepción, este paquetazo representó una carga significativa para el sector productivo, lesionando las aspiraciones de miles de hondureños que buscan generar inversión, empleo y riqueza. Al gravar las transacciones bancarias, el Estado decidió penalizar precisamente uno de los pilares de una economía moderna, la formalización financiera. Este diseño tributario desalienta el uso del sistema bancario y encarece operaciones que deberían ser incentivadas en un país con altos niveles de informalidad.
Para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), este costo transaccional no es poca cosa. En la práctica representa un drenaje constante de flujo de caja que limita su capacidad de reinversión y crecimiento. Cada transferencia o pago se convierte en un pequeño impuesto adicional que, acumulado en el tiempo, reduce márgenes y afecta la competitividad. En un entorno donde las MIPYMES constituyen el principal motor de generación de empleo, mantener una carga que sustrae recursos del sector productivo resulta, por definición, una política antiproductiva.
La opacidad ha sido, además, uno de los rasgos más controvertidos de esta tasa. Bajo el amparo de reformas cuestionables y la nefasta Ley de Secretos, los recursos que debían fortalecer la seguridad pública terminaron financiando fines distintos (como era de esperarse). Con el paso del tiempo, el fondo cubrió programas sociales, obligaciones de empresas estatales e incluso la compra de activos como el avión presidencial. Este desvío debilitó la legitimidad del tributo y consolidó la percepción de que se trataba de una fuente discrecional de recursos.
Cada vez que se plantea su eliminación surge el argumento recurrente de la existencia de una deuda acumulada que supuestamente obliga a mantenerlo vigente. Según esta lógica, los flujos futuros del “Tasón” están comprometidos para cubrir los pasivos del fideicomiso. Sin embargo, este razonamiento constituye más un pretexto técnico que un obstáculo real para la política pública.
El hecho de que administraciones anteriores hayan comprometido los ingresos de esta tasa no convierte al impuesto en una herramienta económicamente racional ni socialmente justa. Un Estado soberano dispone de múltiples instrumentos para gestionar sus obligaciones financieras. Entre ellos se encuentran la reestructuración de la deuda en condiciones más favorables, la emisión de deuda soberana para sustituir pasivos más costosos o la incorporación gradual de esos compromisos dentro del Presupuesto General de la República. Estas alternativas permitirían desmontar el tributo sin comprometer la estabilidad fiscal.
En realidad, mantener el “Tasón” bajo la excusa del endeudamiento equivale a trasladar indefinidamente a la ciudadanía el costo de decisiones administrativas equivocadas y de episodios de corrupción del pasado. Convertir un impuesto excepcional en una carga permanente es una forma de institucionalizar ese error.
Por el contrario, su eliminación enviaría una señal clara tanto a los ciudadanos como a los inversionistas. Demostraría que Honduras está dispuesta a avanzar hacia un sistema tributario más racional, transparente y competitivo. La reducción de costos transaccionales favorecería la bancarización, facilitaría las operaciones empresariales y devolvería recursos al sector privado, donde su capacidad de generar inversión, innovación y empleo suele ser mucho mayor que cuando se concentran en estructuras estatales ineficientes.
La seguridad pública, sin duda, es una de las obligaciones fundamentales del Estado. Pero precisamente por su importancia debe financiarse con mecanismos transparentes, sostenibles y sujetos a control democrático. Depender de gravámenes que distorsionan el funcionamiento del sistema financiero no es una solución estructural, sino un paliativo que con el tiempo termina generando más problemas de los que pretende resolver.
A quince años de su creación, el “Tasón” ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en un obstáculo estructural para la competitividad y la formalización económica. Por ello, su eliminación ya no debería postergarse ni condicionarse a excusas técnicas. Honduras necesita cerrar este capítulo y avanzar hacia un sistema tributario más racional y transparente. Derogar el “Tasón” sería una decisión correcta desde el punto de vista económico, institucional y político.
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