Con ello, todos los pasaportes emitidos bajo el Acuerdo 001-SG-2025 quedan sin valor ni efecto de manera inmediata.
Tegucigalpa, Honduras.– El gobierno de Honduras oficializó la eliminación de los pasaportes diplomáticos y oficiales vitalicios otorgados a exfuncionarios de la Cancillería, en una decisión que marca un giro en la política de emisión de documentos especiales y que busca, según las autoridades, restablecer el apego a la legalidad.
La medida fue publicada en el diario oficial La Gaceta, donde se establece la anulación total del acuerdo ejecutivo que permitía extender estos beneficios más allá de los límites previamente establecidos. Con ello, todos los pasaportes emitidos bajo el Acuerdo 001-SG-2025 quedan sin valor ni efecto de manera inmediata.
De acuerdo con el gobierno encabezado por la presidenta Xiomara Castro, el reglamento aprobado durante su administración fue considerado improcedente, al contradecir disposiciones legales que regulan los actos administrativos de carácter general. La revisión determinó que la ampliación de estos beneficios vulneraba los criterios establecidos para la asignación de documentos diplomáticos.
El acuerdo ahora derogado otorgaba pasaportes vitalicios no solo a los presidentes de los tres poderes del Estado, sino también a sus cónyuges, así como a cancilleres, vicecancilleres y sus respectivas parejas. Esta extensión fue objeto de cuestionamientos en distintos sectores, al considerar que ampliaba de manera excesiva los privilegios diplomáticos.
Con la nueva disposición, la normativa vuelve a su esquema anterior, restringiendo este beneficio exclusivamente a los titulares de los tres poderes del Estado, en línea con lo que históricamente ha contemplado la legislación hondureña.
Además, la Cancillería de la República deberá ejecutar un proceso de depuración en un plazo no mayor de 30 días calendario. Este procedimiento incluye la identificación de todos los pasaportes emitidos de forma irregular, la notificación a sus portadores y la posterior cancelación de dichos documentos.
Autoridades gubernamentales señalaron que esta decisión forma parte de un esfuerzo más amplio por transparentar la gestión pública y evitar el uso indebido de prerrogativas diplomáticas. Asimismo, recalcaron que el uso de pasaportes especiales debe responder estrictamente a funciones oficiales y no a beneficios personales o permanentes.
La anulación de estos documentos también abre un debate sobre los límites de los privilegios otorgados a funcionarios y exfuncionarios, así como sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional en la administración pública hondureña.
Con esta medida, el Ejecutivo busca enviar un mensaje claro sobre la importancia del cumplimiento de la ley y la correcta utilización de los instrumentos del Estado, en un contexto donde la rendición de cuentas continúa siendo una de las principales demandas de la ciudadanía.
