Carolina Alduvín
En el proceso de socialización del proyecto de Ley de Justicia Tributaria, han surgido argumentos a favor y en contra de las reformas que propone. Dicen los proyectistas del gobierno que se dejaron de percibir tributos por 568 mil millones de lempiras, debido a 40 decretos de exoneración y que ahí está el origen de la quiebra del país. En retrospectiva, mencionan las exoneraciones desde el tiempo de los enclaves minero y bananero y en tono amenazante que, con valentía defenderán -según ellos- por mandato del pueblo y para fortalecer la democracia a la que nos quieren hacer creer, pretenden volver. Es inocultable es la desbordada ambición que los mueve, misma que les impide prever las consecuencias de matar a la gallina de los huevos de oro.
Cierto es que hay evasión fiscal desde tiempos coloniales y que es un componente de muchas fortunas; las exoneraciones, pueden verse como una forma de legalizar lo que nunca se pudo o quiso controlar. Los economistas explican que, a falta de energía barata disponible, mano de obra bien calificada, sólida infraestructura que facilite el movimiento de mercancías, acceso a mercados y otras variables que atraen inversión, son los incentivos fiscales casi lo único que Honduras puede ofrecer para atraer capitales. O sea, las exoneraciones son necesarias, el problema es que no se regulan a favor del Estado, se otorgan discrecionalmente, se cumplan los requisitos, o no, cumplan el propósito para el que se diseñaron, o no.
Toca revisar la forma en que se aplican, caso por caso, sin hacer tabla rasa, cumpliendo las disposiciones legales y reglamentarias, con verdadera justicia tributaria, no con favoritismo partidario como ha ocurrido y, seguramente seguirá ocurriendo con la clientela liebre, sin afectar a las instituciones académicas, o a las organizaciones privadas para el desarrollo, o a las de beneficencia. Mediante personal honorable, bien capacitado y eficiente; no con parciales belicosos e impreparados, como los que se han incrustando en la actual administración, cuyo único mérito es contar con un padrino liebre o haber disfrutado las gaseadas, cortesía de meligno.
Además, muchas de sus disposiciones violan artículos constitucionales y garantías individuales, como la intimidad de los movimientos patrimoniales, el secreto bancario, la privacidad de las comunicaciones y otras a las que solo se puede acceder por resolución judicial. Es potestad del gobierno: promover crecimiento económico, estabilizar los precios, el valor de la moneda oficial, generar empleo y bienestar de colectividad hondureña. Por tanto, el sistema tributario debe funcionar para mejorar las finanzas estatales, requiere de una reforma integral, fundamentada en estudios técnicos; sin embargo, los académicos que participan en los foros, lamentan la falta de documentación confiable en las fuentes primarias de estadísticas tributarias y evidencias de que las medidas garanticen los resultados perseguidos.
La reforma debe ser viable, contener incentivos para promover inversión, revisar base de contribuyentes; al parecer, la economía informal genera las mejores ganancias, de las cuales el fisco no participa, hay que redistribuir la carga fiscal, combatir la evasión, y manejar las recaudaciones con transparencia y rendición de cuentas. La empresa privada -satanizada de manera especial por los ideologizados funcionarios liebres- invierte para generar empleo, bienes y servicios, impuestos y riqueza para los propios inversionistas, empresarios, trabajadores y el país, vía sistema tributario justo, equitativo, progresivo y eficiente. Debe involucrarse con reglas claras y transparentes, respeto a la Constitución, a la propiedad privada, a los derechos humanos en general y los laborales en particular, a la preservación del ambiente y uso racional de los recursos naturales y en consenso de todos los sectores de la población.
El socialismo democrático no existe, ambos términos son antagónico; si hay democracia, las políticas económicas favorecen a la población, se hace viable el desarrollo humano sostenible, mejoran las condiciones de vida de todos, hay mayor posibilidad de enfrentar el cambiante entorno económico internacional. Ahora, pretenden gravar hasta las remesas y cargar la mano a los cafetaleros, a los más esforzados y sacrificados, como de costumbre, Y castigar, quitando exenciones y ventajas, a sus enemigos los empresarios, como venganza contra los que tienen, pero generan empleo, riqueza, tributos y divisas. Y de paso, fastidiarnos a todos.
