Tegucigalpa, Honduras. El ambiente político en el Congreso Nacional hondureño se mantiene profundamente tenso y convulsionado en las primeras semanas de 2026, luego de que se intensificaran las disputas en torno al papel y permanencia del presidente del Legislativo, Luis Redondo Guifarro.
Las tensiones crecieron cuando un diputado de oposición —quien no ha sido identificado públicamente en todos los medios— afirmó en declaraciones recientes que si Redondo “no quiere dejar el Congreso debe ser desalojado”. La advertencia se da en medio de una crisis legislativa en la que varios sectores y líderes de diferentes bancadas han señalado que el actual titular del Congreso estaría actuando más allá de sus atribuciones constitucionales y manteniéndose al frente del hemiciclo pese a la controversia por la legitimidad de su mandato.
División en el Congreso Nacional
Luis Redondo, quien ocupa la presidencia del Congreso Nacional desde enero de 2022 tras un pacto electoral entre el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partido Salvador de Honduras (PSH), ha sido objeto de fuertes críticas por parte de legisladores opositores que consideran que su liderazgo ha generado una notable polarización institucional.
Miembros de la oposición han calificado su gestión como autoritaria y contraria a la normativa interna del Legislativo. Según críticos, Redondo ha tomado decisiones sin consenso, ha paralizado las funciones ordinarias del Congreso y ha promovido mecanismos como la Comisión Permanente —que concentra funciones durante el receso legislativo— sin respaldo unánime de los diputados propietarios.
Este malestar se ha acentuado en medio de la crisis poselectoral que vive el país tras los comicios generales del pasado 30 de noviembre de 2025, cuyos resultados han sido cuestionados por Redondo y varios legisladores afines, desencadenando debates sobre la legalidad de los procesos de escrutinio y validación de votos.
Acusaciones de exceso de poder
Además de la exigencia de desalojo lanzada por un diputado opositor, otros congresistas han sido enfáticos en denunciar lo que consideran un abuso de poder por parte de Redondo. Algunos sectores aseguran que el presidente del Legislativo habría proyectado medidas que van más allá de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Congreso y la Constitución, como intentar sancionar o incluso expulsar diputados que no concurran a sesiones o se opongan a su línea de acción.
Sin embargo, expertos en derecho constitucional y representantes de varios partidos han recordado que la destitución o expulsión de un diputado no es una potestad del presidente del Congreso por sí solo, sino que debe ser decidida por el pleno de los 128 legisladores en una sesión debidamente convocada.
Reacciones y llamados a la legalidad
La situación ha motivado reacciones encontradas entre las principales fuerzas políticas del país:
-
Partidos de oposición sostienen que Redondo debe acatar el mandato constitucional y permitir que el pleno legisle sin imposiciones. Desde ese bloque se ha planteado la posibilidad de recurrir a mecanismos legales o institucionales para obligar su salida si se considera que su permanencia obstaculiza el funcionamiento del Congreso.
-
Legisladores oficialistas y aliados de Redondo defienden su derecho a continuar en el cargo bajo el argumento de que sus decisiones buscan preservar la institucionalidad y responder a lo que consideran irregularidades en el proceso electoral.
En paralelo, se han registrado llamados de sectores religiosos, organizaciones civiles y líderes comunitarios para que se respeten los principios del Estado de derecho y se evite una escalada de confrontación entre los distintos poderes del Estado.
Un Legislativo en jaque
La prolongada confrontación en el Congreso ha tenido impactos visibles en la agenda legislativa: importantes proyectos de ley y reformas permanecen paralizados, y la falta de sesiones plenas ha generado cuestionamientos públicos sobre la eficacia y el propósito de un órgano que, según sus críticos, ha perdido parte de su credibilidad ante la ciudadanía.
La situación que hoy se vive en el Poder Legislativo hondureño evidencia una profunda crisis de gobernabilidad, en la que la disputa entre quienes exigen cambios inmediatos y quienes defienden la posición actual promete mantener la atención del país y de la comunidad internacional en las próximas semanas.
