Procurador señala presunto desvío de fondos en contrato firmado por exfuncionario

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Tegucigalpa, 6 de febrero de 2026 – El Procurador General de la República, Dagoberto Aspra, denunció un supuesto uso indebido de recursos públicos que involucra al exprocurador Manuel Díaz Galeas, a quien señala de haber comprometido fondos estatales para financiar su defensa personal en una demanda presentada en Estados Unidos.

Según detalló Aspra, el 26 de enero, cuando aún ocupaba el cargo, Díaz Galeas firmó un contrato con un bufete estadounidense por 310 mil dólares, monto que habría sido pagado de manera anticipada con recursos de la Procuraduría General de la República (PGR). El objetivo del acuerdo era que la firma legal gestionara la desestimación de una demanda civil promovida por un ciudadano norteamericano o, alternativamente, solicitara el traslado del caso a Washington.

El procurador explicó que la acción judicial no fue interpuesta contra el Estado de Honduras, sino contra funcionarios a título personal, entre ellos el propio Díaz Galeas, el fiscal general y otros exmiembros del gabinete del gobierno de la expresidenta Xiomara Castro. “Se utilizaron fondos públicos para atender una causa estrictamente personal”, cuestionó Aspra.

Asimismo, advirtió que el Ministerio Público no podría conocer el caso debido a que el fiscal general figura entre los demandados y presuntamente habría sido beneficiado con la defensa financiada con recursos estatales. En ese sentido, indicó que se analiza presentar la denuncia ante otra instancia competente para que se determinen responsabilidades.

Aspra también puso en duda el monto pactado con el bufete internacional, al considerar que podría tratarse de honorarios elevados en comparación con las gestiones realizadas. Informó que se están verificando en Estados Unidos los costos habituales de este tipo de servicios legales.

Finalmente, no descartó solicitar la colaboración de agencias estadounidenses para rastrear el destino de los fondos y esclarecer si existen más irregularidades. El señalamiento es considerado uno de los más delicados en torno al manejo de recursos públicos durante la administración anterior.

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