San Francisco, Estados Unidos — La madrugada del 9 de febrero de 2026 marcó un nuevo giro en el prolongado conflicto legal y político en torno al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de miles de migrantes originarios de Honduras, Nicaragua y Nepal, luego de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito decidiera suspender una sentencia previa que había bloqueado la terminación del programa, permitiendo que la cancelación del TPS entre en vigor de manera inmediata mientras continúa el proceso judicial en instancias superiores.
La decisión generó reacciones encontradas tanto en Washington como en las comunidades afectadas en Estados Unidos y Centroamérica, donde para muchos esta sentencia representa una amenaza directa a la estabilidad y el sustento de decenas de miles de familias que han vivido legalmente en EE. UU. durante décadas bajo este estatus migratorio.
Cambio de rumbo: Corte de Apelaciones reanuda cancelación
La sentencia del Noveno Circuito de Apelaciones representó un cambio significativo. Por un lado, el tribunal estableció que la decisión del DHS no era “arbitraria o caprichosa” y que el gobierno probablemente prevalecería en su postura de que no estaba obligado a realizar una revisión exhaustiva de las condiciones país antes de poner fin al TPS. Por esto, suspendió la orden que impedía la terminación del estatus migratorio.
Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, celebró la decisión señalándola como “una victoria para el Estado de Derecho” y una reafirmación de que el TPS no fue diseñado para ser permanente, sino temporal. Según Noem, el estatus había sido mal utilizado por administraciones previas para otorgar una protección que se extendía más allá de su propósito original, incluso permitiendo el ingreso de personas que, en su criterio, representaban riesgos a la seguridad nacional.
Voceros y actores clave: Asfura y líderes migrantes
La noticia fue recibida con particular preocupación en Honduras, donde líderes comunitarios y sectores políticos han venido presionando por soluciones duraderas para los migrantes. Nasry Asfura, político hondureño que recientemente sostuvo una reunión con el presidente Trump el 7 de febrero de 2026 en Florida, aseguró que el TPS “está en la Corte y estamos pendientes”. Su presencia en la escena reflejó el interés de sectores del país por abogar por la comunidad migrante que aporta con remesas y conexiones familiares profundas entre Honduras y Estados Unidos.
