Tegucigalpa, 10 de febrero de 2026 – La cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños, confirmada el pasado 9 de febrero de 2026 por el Gobierno de los Estados Unidos, ha desatado una fuerte polémica en el país. Para la abogada especialista en temas migratorios, Marcela Caro, la decisión deja al descubierto fallas diplomáticas del gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, a quien responsabilizó directamente por no haber defendido con firmeza a la diáspora hondureña.
“La historia es clara: el gobierno de Xiomara Castro no defendió a la diáspora hondureña, y hoy las consecuencias las paga nuestra gente”, afirmó Caro al analizar el impacto de la medida, que afecta a miles de compatriotas radicados en territorio estadounidense.
Aunque la decisión oficial fue adoptada desde el 8 de septiembre de 2025, sus efectos se materializan ahora, generando incertidumbre y preocupación en miles de familias hondureñas que durante años han vivido y trabajado legalmente bajo la protección del TPS. Según explicó la jurista, muchos de estos migrantes quedan ahora en una situación de alta vulnerabilidad migratoria, enfrentando la posibilidad de perder permisos de trabajo y quedar expuestos a procesos de deportación.
Uno de los elementos determinantes en la cancelación del programa, de acuerdo con Caro, fue el informe remitido por el propio gobierno hondureño a las autoridades estadounidenses. En dicho documento, se aseguraba que Honduras contaba con condiciones óptimas para recibir a sus ciudadanos, destacando supuestas mejoras en materia de seguridad, empleo, estabilidad económica y capacidad institucional.
“Ese informe fue clave para que Estados Unidos concluyera que ya no existían las condiciones que justificaran mantener el TPS”, sostuvo la especialista, quien considera que el contenido del documento terminó jugando en contra de los intereses de los beneficiarios.
La abogada también cuestionó la falta de una gestión diplomática estratégica por parte del gobierno anterior. Comparó el caso hondureño con el de El Salvador, señalando que, según su valoración, el presidente Nayib Bukele logró desarrollar negociaciones más efectivas en favor de sus connacionales.
“A diferencia de lo que logró el presidente Nayib Bukele, el gobierno de Xiomara Castro no realizó ninguna negociación seria ni buscó un período de transición que protegiera a nuestra gente”, expresó Caro.
En ese sentido, fue enfática al señalar que la política exterior hondureña careció de una estrategia clara y profesional en un tema de alto impacto social y económico. “No hubo estrategia, no hubo voluntad y no hubo defensa de la diáspora. La Cancillería y los vicecancilleres fallaron rotundamente, optaron por la confrontación ideológica en lugar de tender puentes con Estados Unidos”, manifestó.
Caro lamentó además que miles de hondureños que han sostenido la economía nacional a través del envío constante de remesas se encuentren ahora en una situación de incertidumbre. Las remesas representan uno de los principales pilares de la economía hondureña, y una eventual reducción podría tener efectos significativos en el consumo interno y la estabilidad financiera de numerosas familias.
La jurista recordó que el TPS es una figura migratoria cuya continuidad depende de una decisión discrecional del presidente de los Estados Unidos. En ese contexto, señaló que cualquier posibilidad futura de restablecer el beneficio requerirá una agenda diplomática seria, técnica y desideologizada.
Según Caro, el actual gobierno del presidente Nasry Asfura podría tener la oportunidad de replantear la relación bilateral con Washington si decide priorizar el tema dentro de su política exterior. “Todo dependerá de la voluntad política y de la capacidad de construir una relación sólida basada en intereses comunes”, apuntó.
Mientras tanto, la abogada recomendó a los hondureños afectados buscar asesoría legal especializada. “Cada caso es distinto y requiere atención puntual. Es fundamental acudir a abogados migratorios acreditados para evaluar alternativas como cambios de estatus, peticiones familiares u otros recursos disponibles dentro de la ley estadounidense”, advirtió.
Finalmente, Caro subrayó que la problemática trasciende la cancelación del TPS y obliga a Honduras a reflexionar sobre las causas estructurales que impulsan la migración forzada. Entre los desafíos pendientes mencionó la necesidad de fortalecer las relaciones con Estados Unidos, generar empleo digno, atraer inversión extranjera, reducir aranceles y consolidar la estabilidad económica.
“La migración no se detendrá si no se atacan las causas de fondo. El TPS era una medida temporal; lo permanente debe ser el desarrollo del país”, concluyó.
La cancelación del TPS abre así un nuevo capítulo en la relación bilateral entre Honduras y Estados Unidos, al tiempo que coloca en el centro del debate nacional la efectividad de la diplomacia hondureña y la urgencia de políticas públicas que reduzcan la dependencia migratoria como vía de subsistencia.
