La abogada y exdiputada Maribel Espinoza afirmó que existen fundamentos sólidos para promover un juicio político contra funcionarios vinculados al ámbito electoral y judicial, al tiempo que advirtió sobre la posibilidad de deducir responsabilidades penales en casos específicos que, según su criterio, deben ser investigados por las autoridades competentes.
En sus declaraciones, Espinoza fue enfática al señalar que hay elementos suficientes para actuar no solo en el plano político, sino también en el ámbito penal contra el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, el magistrado Mario Morazán, así como contra suplentes que —según denunció— no cumplieron con la integración legal y adecuada del organismo electoral.
“Considero que sí hay motivos para impulsar estas acciones. Hay razones contundentes para proceder tanto en el juicio político como en investigaciones penales contra quienes han incumplido sus funciones”, expresó la exparlamentaria, subrayando la gravedad de los hechos que, a su juicio, comprometen la institucionalidad democrática del país.
Espinoza sostuvo que las actuaciones señaladas no solo afectaron el desarrollo del proceso electoral, sino que también pusieron en riesgo principios fundamentales como la alternancia en el ejercicio del poder. En ese contexto, apuntó directamente contra el partido Libertad y Refundación (Libre), al asegurar que existían intenciones de retrasar etapas clave del proceso, particularmente el conteo de votos.
“Se generó un ambiente de incertidumbre desde etapas tempranas del proceso. Desde el 9 de marzo hubo señales claras de que no existía interés en garantizar transparencia electoral”, manifestó, al tiempo que insistió en que estos hechos deben ser analizados con profundidad por las instancias correspondientes.
En relación con el Poder Judicial, Espinoza también se refirió a la situación de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ráquel Obando, cuya eventual renuncia —seguida de un cambio de postura— calificó como un hecho preocupante.
“Resulta extraño y peligroso que primero se anuncie una renuncia y luego no se concrete. Ese tipo de situaciones genera dudas y debe analizarse con detenimiento por sus implicaciones institucionales”, indicó.
La jurista aprovechó para explicar que el juicio político forma parte del régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos, y que su aplicación no excluye otros tipos de sanciones. En ese sentido, recalcó que cualquier servidor público sometido a este proceso también puede enfrentar consecuencias en los ámbitos penal, administrativo o civil, dependiendo de la naturaleza de los hechos.
Finalmente, Espinoza hizo un llamado a las autoridades competentes para que actúen con firmeza y apego a la ley, enfatizando la necesidad de garantizar la transparencia y la legalidad en todos los niveles del Estado, especialmente en momentos donde —según afirmó— la confianza ciudadana en las instituciones se encuentra en juego.
